Las pruebas de edad a menas en Extremadura exigidas por VOX han desvelado que el 79% de las 329 personas examinadas por el Servicio Extremeño de Salud eran mayores de 18 años, según los datos expuestos este jueves por la presidenta de la Junta, María Guardiola. En cifras absolutas, 260 de los evaluados no cumplían el requisito de minoría de edad para permanecer en recursos destinados a niños y adolescentes.

Guardiola utilizó estos resultados para defender en la Asamblea regional el refuerzo de los controles sobre los inmigrantes no acompañados cuya edad genere dudas. La dirigente popular subrayó que estas comprobaciones no son nuevas y que sólo pueden practicarse con autorización de la Fiscalía de Menores, de acuerdo con la legislación vigente.

La presidenta respondió así a la portavoz de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, quien acusó al Ejecutivo autonómico de adoptar planteamientos «racistas» y de asumir el discurso de VOX. El enfrentamiento se produjo durante el pleno regional y evidenció la sintonía entre los dos socios del Gobierno extremeño en uno de los asuntos incluidos en su acuerdo de coalición.

La ampliación de las comprobaciones de edad había sido anunciada la semana anterior por el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (VOX). El dirigente comunicó que el Ejecutivo solicitaría a la Fiscalía nuevas pruebas cuando existieran indicios razonables de que una persona registrada como menor pudiera haber superado los 18 años.

Según Guardiola, el objetivo es impedir que adultos ocupen plazas reservadas para menores especialmente vulnerables. «La protección de verdad depende de algo muy sencillo: que ninguna plaza pensada para un niño sea utilizada por quien no lo es», sostuvo durante su intervención. También aseguró que la acogida continuará gestionándose con rigor y dentro del «estricto cumplimiento de la ley».

Cuando una evaluación determine que el interesado es adulto, este deberá abandonar el sistema extremeño de protección de menores, dado que dejaría de reunir las condiciones legales para beneficiarse de esos recursos.

Fernández Calle aportó además otro dato: desde 2023, un total de 73 personas que entraron inicialmente en España registradas como adultas fueron incorporadas posteriormente al sistema de menores después de declarar que no habían alcanzado la mayoría de edad. De acuerdo con sus cálculos, su atención habría supuesto un desembolso cercano a cuatro millones de euros para las cuentas autonómicas.