La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llegado este lunes a Ceuta, 18 días después de la invasión del pasado 30 de julio, con el objetivo de buscar alojamiento en la ciudad para más de 1.500 inmigrantes ilegales. La medida amenaza con prolongar la presión sobre unos servicios públicos ya saturados y consolidar la permanencia de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma.
El Ministerio pretende instalar recursos de acogida aparentemente temporales para desalojar los asentamientos surgidos en playas como la del Trampolín. Sin embargo, fuentes consultadas por Abc advierten de que las instalaciones permanecerán activas durante varios meses, como mínimo hasta que se resuelvan los expedientes de protección internacional.
La mayoría de los solicitantes procede de Sudán, Mali, Argelia y otros países del África subsahariana. Muchos llegaron a Ceuta después de atravesar el continente y permanecer ocultos en las montañas del norte de Marruecos a la espera de una oportunidad para cruzar la frontera. Las imágenes registradas el sábado 15 de agosto constatanatan que numerosos grupos continúan en territorio marroquí con la intención de entrar en España.
Su situación exige una respuesta humanitaria, pero la decisión de alojarlos en Ceuta ha provocado una enorme inquietud entre los vecinos. La ciudad todavía soporta la presencia de miles de marroquíes que entraron durante la invasión y aún no han regresado a su país.
Uno de los principales temores es que la apertura de nuevos centros anime a parte de esos marroquíes a solicitar protección internacional para acogerse al sistema de atención estatal. El Gobierno tendría que proporcionarles alojamiento y manutención mientras estudia sus expedientes, aunque estos terminen rechazados por no cumplir los requisitos legales.
El Supremo obliga a Migraciones a actuar
La atención de los más de 1.500 solicitantes de asilo corresponde al Gobierno de España. El Tribunal Supremo ha reprendido en varias ocasiones durante el último año al Ministerio de Migraciones por no atender adecuadamente a quienes piden protección internacional.
Estas resoluciones han obligado al departamento de Saiz a asumir sus competencias, aunque su respuesta ha llegado acompañada de enfrentamientos con las comunidades autónomas y de la búsqueda de acuerdos con organizaciones subvencionadas por el Ejecutivo.
Pese a la gravedad de la situación en Ceuta, Migraciones todavía no ha concretado una solución habitacional. La gestión ha recaído principalmente sobre la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que sí se desplazó a la ciudad mientras Saiz permanecía ausente durante los primeros dieciocho días posteriores a la invasión.
Esta falta de plazas no afecta sólo a Ceuta. Las comunidades que reciben más inmigración ilegal por vía marítima llevan meses soportando la presión derivada de la insuficiente capacidad del sistema estatal de acogida.
La Guardia Civil alerta de los riesgos
Entre los emplazamientos estudiados figuran una instalación militar propiedad del Ministerio de Defensa, una antigua fábrica de harina, un campo de fútbol, las naves del Tarajal, una ampliación del puerto de Ceuta y el antiguo hospital militar.
El Gobierno llegó a iniciar los trámites para utilizar una parte del puerto. El Ministerio de Transportes se mostró dispuesto a ceder el espacio, pero un informe de la Guardia Civil desaconsejó la operación por razones de seguridad. La advertencia llevó al Gobierno ceutí y a la Delegación del Gobierno a rechazar ese emplazamiento.
Los problemas de seguridad también obligaron a descartar las naves del Tarajal. Estas instalaciones, que fueron una de las primeras alternativas planteadas, permanecen ocupadas de forma ilegal por inmigrantes que buscan refugio frente a las altas temperaturas y la humedad.
Aunque Migraciones presenta las carpas como una solución provisional, en Ceuta temen que terminen convertidas en una estructura permanente. Los más de 1.500 solicitantes de asilo se sumarían a las cerca de mil personas alojadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y a los menores que permanecen bajo tutela.
La ciudad podría verse obligada a convivir durante al menos un año con entre 4.000 y 5.000 personas más, mientras se resuelven los expedientes y unos servicios sociales ya desbordados deben atender el incremento de población.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno que devuelva a Marruecos a todos los inmigrantes cuya expulsión sea posible. También llegó a pedir la suspensión temporal del derecho de asilo, una medida incompatible con la normativa internacional.
