Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Cruz Roja, Accem y CEAR se han convertido en piezas clave de un modelo de acogida que, según distintas voces críticas, las sitúa cada vez más cerca del papel de intermediarias laborales que del de entidades puramente humanitarias. El debate se ha intensificado en un escenario de aumento sostenido de la inmigración y de las solicitudes de protección internacional en España.

En el centro de la controversia está el Sistema de Acogida de Protección Internacional, un entramado financiado en gran parte con dinero público que articula la atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Este sistema, regulado por el Real Decreto 220/2022, agrupa recursos de alojamiento, asistencia social y apoyo jurídico, pero ha ido reforzando progresivamente la dimensión de inserción laboral como eje central de la integración.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones canaliza fondos públicos hacia estas ONG para que desarrollen programas de formación y empleabilidad destinados a inmigrantes y refugiados. Una vez formados, estos trabajadores son derivados a grandes empresas privadas que participan en los convenios impulsados desde la Administración. El resultado, según los críticos, es un circuito en el que las ONG cobran por gestionar y «colocar» mano de obra mientras las compañías se benefician de trabajadores con salarios ajustados y contratos temporales.

Las cifras que maneja el sistema son elevadas. Aunque el presupuesto exacto varía según ejercicios y partidas, el gasto total en protección internacional se sitúa en el entorno de varios cientos de millones de euros anuales. En ejercicios anteriores, el Gobierno aprobó subvenciones directas que superaron los 13 millones de euros para entidades como Cruz Roja, CEAR o Accem, destinadas tanto a la acogida como a programas específicos de integración.

Según avanza el diario Nueva Revolución, este esquema se vincula también a planes estatales como el Plan Nacional de Reasentamiento, que en 2025 permitió la llegada a España de más de 800 personas refugiadas. La gestión de estos programas refuerza el papel de las ONG como intermediarias, ya que reciben financiación pública por unos servicios que, en la práctica, terminan beneficiando a empresas privadas necesitadas de mano de obra.

Con el paso del tiempo, estas organizaciones han ampliado su radio de acción más allá de la atención inicial. Actualmente colaboran con multinacionales y grandes grupos empresariales como Amazon, IKEA, INECO, Grupo Cobra, Cisco Systems o ASAJA, ofreciendo programas de formación adaptados a las necesidades de estos empleadores.

El ejemplo más citado es el del sector agrícola en Huelva, donde ASAJA, en coordinación con las ONG y el Ministerio, ha impulsado proyectos piloto para cubrir campañas de frutos rojos y cítricos con trabajadores que cuentan con protección internacional. En 2025, estos programas se ampliaron para incorporar a cientos de inmigrantes africanos mediante contratos temporales o fijos discontinuos, con más de 300 personas participando y nuevas incorporaciones previstas para 2025 y 2026.

En un ámbito caracterizado por la estacionalidad y la dureza del trabajo, las explotaciones agrícolas obtienen así un suministro constante de trabajadores para tareas intensivas, mientras las ONG gestionan la selección, la formación y la inserción laboral con financiación pública. Para los detractores del sistema, este engranaje convierte a las entidades de acogida en una suerte de ETT subvencionadas, y deja a los refugiados atrapados en empleos precarios y de corta duración.

Mientras desde el SAPI y las ONG se defiende que este modelo favorece la integración social y laboral de las personas refugiadas, crecen las dudas sobre su equilibrio y su finalidad última. El flujo millonario de fondos públicos, la implicación directa de grandes empresas y la precariedad de muchos de los empleos generados alimentan una pregunta incómoda: si se trata de un mecanismo solidario orientado al bienestar de los inmigrantes o de un negocio encubierto que prioriza la rentabilidad y las necesidades del mercado laboral.