En un año marcado por el récord de más de 36.000 entradas ilegales a España, según los últimos datos de ACNUR, Cruz Roja Española ha percibido un total de 2.171.445 euros en fondos públicos para programas relacionados con la acogida y gestión de la inmigración. Esta cifra, extraída de un documento oficial al que ha tenido acceso LA GACETA, plantea interrogantes sobre la eficacia de estos recursos en un contexto de inmigración descontrolada en la mayor parte del territorio nacional.
El total se distribuye de manera desigual entre comunidades autónomas. El ranking de las tres que más han destinado fondos revela prioridades cuestionables. En primer lugar, el País Vasco lidera con 754.000 euros, centrados en asesoría legal y atención a inmigrantes en prisión o solicitantes de asilo. Galicia sigue con 351.809 euros, dedicados a atención social y asesoramiento jurídico para inmigrantes, pese a no ser un punto caliente de entradas ilegales. Andalucía cierra el podio con 274.084 euros para acogida e integración, en una zona azotada por pateras donde el gasto no parece frenar el descontrol. Estas tres regiones acaparan más del 65% de la cuantía total en subvenciones que ha recibido la ONG para la gestión de la inmigración, destacando cómo el dinero público se concentra en el norte y sur, pero sin resultados visibles en lareducción de la presión migratoria que sufre España.
Las subvenciones más cuantiosas ilustran este enfoque en integración y apoyo, a menudo sin énfasis en la prevención efectiva. La mayor es la asesoría jurídica para inmigrantes en el País Vasco (297.000 euros), que facilita trámites pero incentiva estancias ilegales en lugar de expulsiones. Le sigue la atención a refugiados en Vizcaya (267.000 euros). La acogida e integración en Andalucía (274.084 euros) ocupa el tercer puesto, perpetuando la recepción sin medidas disuasorias. La atención a inmigrantes privados de libertad en el País Vasco (190.000 euros) y las acciones de formación y acogida en Asturias (172.000 euros) completan las cinco principales, sumando más de 1.200.000 euros.
Sin embargo, algunos proyectos parecen derroches en prevención fallida, destinando fondos a países lejanos sin impacto directo en las rutas migratorias hacia España. Un ejemplo destacado es el programa de salud sexual reproductiva y materno-infantil en Palestina (391.789 euros, concedido por la Comunidad Valenciana), un dispendio no clarificado en exceso en un conflicto ajeno a nuestros flujos ilegales. Este gasto en Oriente Medio, sin conexión con pateras atlánticas o mediterráneas, diluye recursos que podrían usarse en repatriaciones o integración efectiva en territorio nacional.
En resumen, con más de dos millones en subvenciones, Cruz Roja juega un rol clave en la gestión migratoria, pero el énfasis en acogida externa y legalización plantea dudas sobre la eficiencia del dinero público. Los datos invitan a reflexionar: la prevención en origen falla y España sigue pagando la factura sin resultados tangibles.
