Sólo 3 de cada 10 mujeres marroquíes cotizan a la Seguridad Social en España. Según el portal digital del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2024 apenas el 29,7% de las mujeres procedentes de Marruecos en edad de trabajar estaban dadas de alta, lo que se traduce en unas 90.668 cotizantes frente a un total de más de 305.000. En el caso de las argelinas, la proporción es todavía menor: únicamente el 18,1% contribuía al sistema.
Estos datos avanzados por Libremercado contrastan con otros colectivos. Entre las mujeres españolas, el porcentaje de afiliación alcanza el 56,7%, mientras que entre las procedentes de países de la Unión Europea se sitúa en torno al 56,5%. Dentro de este último grupo, destacan especialmente las mujeres rumanas, con una tasa cercana al 64%, muy por encima de otros perfiles migratorios.
Si se amplía la mirada al conjunto de mujeres extranjeras, la diferencia sigue siendo notable. A comienzos de 2025 residían en España más de 2,8 millones de mujeres extranjeras mayores de 20 años, pero el número medio de cotizantes en 2024 se quedó en algo más de 1,25 millones. Esto implica que sólo el 44,3% de este colectivo estaba contribuyendo al sistema.
Una de las claves para interpretar estas cifras está en la estructura demográfica. En el caso de la población española, existe un volumen elevado de mujeres mayores de 65 años —en torno a 5,4 millones— que ya están fuera del mercado laboral por jubilación. Sin embargo, entre la población extranjera este segmento es mucho más reducido, lo que en teoría debería favorecer tasas de actividad más elevadas.
El análisis también revela diferencias relevantes entre nacionalidades. Entre los principales grupos extranjeros en edad laboral, como los procedentes de Marruecos, Colombia o Venezuela, las tasas de cotización varían considerablemente: aproximadamente el 51% en el caso marroquí, el 55,2% entre los colombianos y hasta el 85% en el caso de los venezolanos. En comparación, alrededor del 75% de los españoles entre 20 y 64 años está afiliado a la Seguridad Social.
Este escenario se produce en un contexto en el que el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue muy presente. En los últimos años, distintos argumentos han apuntado a la inmigración como una posible vía para reforzar los ingresos del sistema. Sin embargo, las diferencias en los niveles de cotización entre colectivos introducen matices en esa discusión.
La cuestión ha cobrado aún más relevancia tras las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluyen procesos de regularización de personas en situación administrativa ilegal. Estas iniciativas han sido defendidas, en parte, por su posible impacto positivo en el mercado laboral y en las cuentas de la Seguridad Social.
