Datos consultados por elEconomista.es han desvelado que tan sólo el 5% de los trabajadores extranjeros llegan a España con un contrato laboral firmado antes de pisar el país, una fórmula que, pese a ofrecer mayores garantías legales, apenas tiene peso en el conjunto del mercado laboral.
Este mecanismo permite a las empresas reclutar empleados fuera de la Unión Europea para cubrir vacantes que no logran completar en territorio nacional. El trabajador, por su parte, inicia los trámites de residencia y empleo de forma simultánea y, una vez llega a España, se incorpora directamente al sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, su escasa implantación responde a múltiples obstáculos administrativos que frenan su uso.
Uno de los principales requisitos es demostrar ante el Servicio Público de Empleo Estatal que el puesto no puede ser cubierto por personas desempleadas ya presentes en el país. Este procedimiento, conocido como Situación Nacional de Empleo, obliga además a publicar la oferta en el portal oficial antes de poder solicitar el visado, lo que ralentiza el proceso.
Existen excepciones a esta exigencia. No es necesario justificar la falta de candidatos locales cuando se trata de profesiones incluidas en el catálogo de difícil cobertura, perfiles altamente cualificados o contrataciones temporales dentro de programas colectivos en origen. Aun así, desde el ámbito empresarial consideran que estas condiciones siguen siendo demasiado rígidas para las necesidades actuales.
Mientras tanto, otras vías de acceso al mercado laboral tienen un peso mucho mayor. El arraigo se ha consolidado como el principal canal, representando cerca del 61% de las incorporaciones. Este procedimiento implica que muchos extranjeros acceden primero al país —con o sin visado—, pasan un periodo en situación irregular y, posteriormente, regularizan su situación si cumplen determinados requisitos.
Además, alrededor de un 9% logra su regularización tras entrar sin visado y permanecer en España hasta poder acogerse a este mismo mecanismo. Por otro lado, cerca de un 25% accede al empleo mediante solicitudes de asilo, que permiten trabajar legalmente mientras se resuelve su situación administrativa.
El arraigo exige acreditar vínculos familiares o sociales, medios económicos o la realización de formación, además de un tiempo mínimo de permanencia en el país. En el caso del asilo, se concede a quienes no pueden regresar a sus países por riesgo de persecución política, religiosa o étnica.
Las cifras reflejan el creciente protagonismo de estas vías. A finales de 2025, un total de 394.110 extranjeros contaban con permiso de residencia por arraigo, el nivel más alto desde que existen registros. Este incremento sostenido, especialmente tras la pandemia, está vinculado a los cambios introducidos por el Ejecutivo en 2022, que han facilitado el acceso a este tipo de autorización.
De ese total, más de la mitad —214.085 personas— estaban dadas de alta en la Seguridad Social, lo que evidencia su integración en el mercado laboral formal. No obstante, existen diferencias significativas según el perfil: la tasa de empleo es más elevada entre los hombres que entre las mujeres, y también varía según el país de procedencia.
Así, nacionales de países como Senegal, Paraguay, Nicaragua u Honduras presentan mayores niveles de afiliación, mientras que otros, como Venezuela, Brasil o Marruecos, registran porcentajes inferiores.
En conjunto, los beneficiarios del arraigo representan ya el 23% de los extranjeros con permisos temporales en vigor, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso. En contraste, las contrataciones en origen y otras fórmulas de carácter temporal apenas suponen un 1% del total, a pesar de haber crecido en el último año.
En este contexto, el Gobierno, a través del Ministerio liderado por Carlos Cuerpo, ha puesto en marcha una regularización extraordinaria con la que aspira a dar cobertura a cerca de medio millón de trabajadores que ya se encuentran en el país. La medida ha reabierto el debate sobre la eficacia de los canales legales existentes y la necesidad de adaptarlos a un mercado laboral que demanda mano de obra en plena transición demográfica.
