En torno a 299.319 personas ya cobran en España una pensión de jubilación sin haber cotizado a la Seguridad Social. Más de 32.000 son extranjeros. Se trata de las pensiones no contributivas de jubilación (PNC), una prestación asistencial gestionada por el IMSERSO y financiada íntegramente con impuestos de los Presupuestos Generales del Estado, dirigida a mayores de 65 años que no han alcanzado el mínimo de cotizaciones requerido para una pensión contributiva o que nunca han cotizado.
Según los datos oficiales de la nómina de marzo publicados por el IMSERSO, estas 299.319 pensiones representan una parte minoritaria del sistema (alrededor del 4,5 % del total de pensiones de jubilación), pero suponen un gasto mensual de unos 188 millones de euros. La cuantía máxima en 2026 es de 628,80 euros al mes (8.803,20 euros anuales en 14 pagas), aunque puede reducirse según los ingresos familiares o el número de perceptores en el mismo hogar. Para acceder a ellas es necesario residir legalmente en España durante al menos 10 años (dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud) y carecer de rentas suficientes.
A diferencia de las pensiones contributivas —que superan los 6,6 millones y requieren haber trabajado y cotizado—, las no contributivas son de carácter asistencial y no dependen de la trayectoria laboral. Su objetivo es «evitar la exclusión social de personas vulnerables, muchas de ellas inmigrantes de larga estancia o españoles con lagunas en su historial de cotizaciones».
Precisamente, con la «regularización» masiva pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cada vez más personas podrán aspirar a la pensión no contributiva de jubilación. El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que regulariza de forma extraordinaria a cerca de medio millón de inmigrantes que ya vivían en España en situación ilegal. Esta medida, impulsada por un acuerdo entre el PSOE y Podemos, concede permisos de residencia y trabajo a quienes acrediten al menos cinco meses de estancia previa, lo que facilita el cómputo de los 10 años de residencia legal exigidos para las PNC.
Fuentes del Ejecutivo han defendido la iniciativa como un «acto de normalización» que reconoce la realidad de miles de personas integradas en la sociedad española y que, a medio plazo, contribuirá a equilibrar el sistema de pensiones al incorporar más cotizantes en edad de trabajar. Sin embargo, organizaciones opositoras advierten que, una vez cumplidos los requisitos de edad y residencia, un número creciente de estos nuevos residentes podría acogerse a las pensiones no contributivas, incrementando la presión sobre las arcas públicas. La medida tendrá un impacto presupuestario inmediato.
