La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra España por el denominado Registro de Viajeros, impulsado por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, al considerar que la normativa obliga a recopilar y almacenar una cantidad de datos personales que resulta incompatible con la legislación comunitaria de protección de datos.
La decisión de Bruselas supone un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez en materia regulatoria y afecta a una norma que obliga a hoteles, alojamientos turísticos, plataformas de alquiler vacacional y empresas de alquiler de vehículos a recoger, conservar y transmitir información detallada de sus clientes a una base de datos centralizada gestionada por las autoridades españolas.
Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, los requisitos establecidos por la normativa española vulneran la Directiva relativa al tratamiento de datos por parte de las fuerzas de seguridad, cuyo objetivo es garantizar que se respete «el derecho fundamental a la protección de datos».
Bruselas considera que la información exigida por España va más allá de lo necesario. «La Comisión considera que las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y de GPS», señala el Ejecutivo comunitario.
La institución europea también cuestiona el alcance del acceso de las fuerzas policiales a esa información. En este sentido, advierte de que «el acceso de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, tal y como exige la Directiva».
Además, la Comisión reprocha a España el plazo de conservación de la información recopilada. «Las autoridades españolas también conservan todos los datos recopilados durante tres años, lo que la Comisión considera desproporcionado», añade el texto remitido por Bruselas.
El expediente se inicia mediante una carta de emplazamiento enviada al Gobierno español, que ahora dispone de un plazo para presentar alegaciones y explicar su posición. Se trata del primer paso de un procedimiento de infracción que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no se corrigen los aspectos cuestionados por la Comisión.
En ese escenario, el alto tribunal europeo podría incluso imponer sanciones económicas a España por incumplimiento de la normativa comunitaria.
La regulación promovida por Interior ya había generado polémica antes de su entrada en vigor en 2024. Diversas asociaciones empresariales y organizaciones especializadas en privacidad alertaron durante meses del posible choque entre el sistema español y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), especialmente por la amplitud de la información requerida y por el tiempo de almacenamiento previsto en las bases de datos del Ministerio del Interior.
