El País Vasco ha dado un nuevo paso para implantar la tasa turística siguiendo la estela de otras comunidades autónomas, en una decisión que vuelve a cargar sobre visitantes y municipios un nuevo gravamen impulsado desde las instituciones. La publicación este jueves del anteproyecto de normas forales del impuesto turístico por parte de las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava supone, según el Gobierno vasco, el trámite decisivo para hacer realidad este nuevo impuesto.
El consejero de Turismo del Ejecutivo autonómico, Javier Hurtado, ha celebrado que esta iniciativa sitúa a la Comunidad «a la vanguardia» en materia de fiscalidad turística y ha asegurado que se trata de «un paso definitivo» hacia la implantación de la tasa. De acuerdo con las previsiones oficiales, el nuevo impuesto podría entrar en vigor de forma generalizada en todo el territorio en el año 2027, aunque algunas localidades comenzarían a aplicarlo antes.
Hurtado ha subrayado que el proceso ha estado «liderado» por el Gobierno vasco, en manos del PNV y el PSE-EE, y coordinado con las diputaciones forales, que son las competentes en materia tributaria. El consejero ha calificado de «positivo» el contenido del anteproyecto y ha defendido que se trata de una normativa «homogénea» para los tres territorios históricos, pese a los diferentes equilibrios políticos existentes.
Uno de los aspectos más destacados por el Ejecutivo es el carácter progresivo del impuesto. Según Hurtado, el diseño de la tasa permitirá que «pague más quien más tiene», en referencia a los establecimientos de mayor categoría y a los turistas con mayor capacidad económica. Desde el Gobierno se insiste en que la tasa turística no supondrá un perjuicio para el sector, pese a las reticencias expresadas en el pasado por parte de empresarios hoteleros y hosteleros.
El consejero también ha defendido que el nuevo gravamen tiene en cuenta «las diferentes características de los municipios», otorgando margen a la autonomía local para modular su aplicación. En este sentido, ha puesto en valor que la recaudación del impuesto irá destinada íntegramente a los ayuntamientos, que podrán emplear los ingresos para mejorar infraestructuras y servicios públicos vinculados al turismo.
La implantación del impuesto no estará exenta de obstáculos políticos, especialmente en Guipúzcoa y Álava, donde el PNV y el PSE no cuentan con mayoría absoluta y deberán negociar con la oposición. El propio consejero ha reconocido que la tramitación en las juntas generales será clave para determinar el calendario definitivo. «Está claro que durante 2026 se va a ir aplicando en algunas localidades y que en 2027 estará plenamente vigente en todos los municipios del País Vasco», ha afirmado.
