La única respuesta del Gobierno ante los incendios de estos días es que hay que firmar cuanto antes el «Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática» propuesto por el propio Gobierno en 2025, repetición de otros documentos semejantes presentados con anterioridad y que cualquier ciudadano puede encontrar en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Al parecer, cuando se firme ese pacto se acabarán los incendios. Hay quien ha despachado esta insistencia gubernamental en la emergencia climática como una manera de tirar balones fuera: echo mano de algo tan inaprehensible como el cambio climático y así eludo mis responsabilidades concretas en la escasísima prevención de los incendios. Esto, ciertamente, funciona en el ámbito de la propaganda, pero creo que haríamos mal en limitar la cosa a un simple efugio de politicastro. Al revés, la «emergencia climática» (antes, simplemente, «cambio climático») es una de las principales líneas de acción de este Gobierno y de otros del mismo pelaje en la Unión Europea, tanto de derechas como de izquierdas; de hecho, es uno de los grandes temas de la oligarquía de Bruselas desde hace años. Por eso hay que prestar la máxima atención.
Toda la nuez del asunto se encierra en los «ejes» 13 y 14 del documento gubernamental: sustitución acelerada de las energías llamadas «fósiles» por energías renovables —fotovoltaica y eólica— y aumento masivo de impuestos para financiar la operación. Objetivo: que el sistema eléctrico sea 100% «renovable» en 2050. Es fácil imaginar la ingente cantidad de miles de millones de euros que se están moviendo ya en torno a eso. De hecho, es la revolución industrial de nuestro tiempo. Si además se lograra convertir tal transformación en doctrina de Estado, abundantemente sufragada por lo que el documento, sin pudor alguno, llama «adaptación permanente del sistema tributario al nuevo contexto climático», entonces habríamos obrado el milagro de convertir a un Estado en siervo de la dinámica económica. En España esa es ya, en buena medida, la situación. El apagón general de abril de 2025 tuvo ahí su origen. La semana pasada hubo otro aviso que obligó a detener la industria. El verdadero valor de ese «Pacto de Estado», para el Gobierno, radica en que someterá toda la política nacional al gran designio. Naturalmente, hacerle tragar todo esto a la gente no es fácil, porque el efecto real en el día a día del ciudadano es muy desagradable. Pero para eso está el condicionamiento mediático, que el «eje» 12 del documento del Gobierno denomina «Lucha contra la desinformación climática», es decir, declarar falsa cualquier opinión disidente y «apoyar el periodismo ambiental de calidad», o sea, callar bocas con fajos de billetes.
La protección ambiental aquí es secundaria: es el relato que permite hacer pasar la transformación económica como algo no sólo bueno, sino deseable y, aún más, irrenunciable. Como esos prestidigitadores que fijan la atención del público en una mano mientras ejecutan el truco con la otra, aquí se trata de que el debate público gire en torno a los aspectos «ecológicos» (ley del clima, ley de restauración de la naturaleza, vaticinios de expertos oficiales sobre la emergencia climática, etc.) mientras el país se llena de inmensas extensiones de placas solares donde antes había olivos y de molinos donde antes había árboles. Es verdad que el efecto práctico de las legislaciones «ecológicas» vinculadas a la emergencia climática es que están haciendo cada vez más feroces los fenómenos naturales, porque han dejado los montes y los cauces sin limpiar, pero eso, lejos de ser un inconveniente, es para ellos una ventaja, porque la catástrofe acentúa la impresión de… emergencia climática. Y así el lobby «renovable» impone su voluntad a unas poblaciones desarmadas que de buen grado terminarán financiando la operación para «salvar el planeta».
Esto no está pasando sólo en España, pero, mientras que Alemania o, en menor medida, Francia han empezado a rectificar por una mera cuestión de supervivencia, aquí se sigue aplicando a machamartillo la doctrina que viene de Bruselas. Porque, en efecto, esta política no se aplica según criterios de «lo que es mejor para España», sino de lo que manda «Bruselas», una Comisión Europea convertida ya en asamblea de lobbies donde lo último que importa son los europeos de a pie. Imagínese el júbilo que recorrería los pasillos de Bruselas si Sánchez lograra arrojar en la mesa, a modo de trofeo, las cabezas de los españoles sometidos al dogma de la «emergencia climática». Esa es la gran apuesta. Él no cejará en su empeño porque su supervivencia depende de que allí le sigan apoyando. Mientras tanto, desde que Sánchez gobierna ya se ha quemado una extensión de España equivalente a toda la Región de Murcia. Para «salvar el planeta».
