El juez ha imputado al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, por su presunta implicación en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama orientada a obstaculizar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno. El magistrado Santiago Pedraz ha fijado su declaración como investigado para el próximo 10 de septiembre.
La citación tiene su origen en el testimonio prestado por el antiguo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, quien aseguró ante los investigadores que recibió presiones de Leonardo Marcos y del entonces director adjunto operativo, Manuel Llamas, para que la unidad moderara su actuación en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Según la documentación incorporada al procedimiento, Yuste explicó que ambos responsables le trasladaron que la UCO debía mantenerse al margen de determinadas actuaciones y permitir que fuera exclusivamente la autoridad judicial quien impulsara las diligencias. Esa versión figura en uno de los informes que forman parte de la causa.
El exjefe de la UCO también declaró que, durante una reunión celebrada en julio de 2024, Leonardo Marcos criticó el informe elaborado por la unidad para solicitar nuevas diligencias sobre David Sánchez. De acuerdo con ese testimonio, el entonces director general de la Guardia Civil calificó el documento de «prospectivo y malintencionado» y expresó su malestar por el contenido de la investigación.
Siempre según la versión aportada por Yuste, Marcos reclamó que pocos días después se presentara un nuevo informe en el que todo estuviera revisado y sin elementos comprometedores. El entonces coronel jefe de la UCO respondió que esa exigencia era inviable, ya que todavía era necesario analizar abundante documentación, incluidos correos electrónicos, antes de remitir un informe completo al juzgado.
En aquella reunión también participaron el jefe de la Policía Judicial y Manuel Llamas, quien igualmente figura como investigado en este procedimiento. La investigación trata de determinar si existieron actuaciones dirigidas a influir en el desarrollo de pesquisas judiciales especialmente sensibles para el entorno del Ejecutivo.
La imputación de Leonardo Marcos se suma a la de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el juez atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez. La investigación examina si esos contactos guardaban relación con las actuaciones impulsadas para investigar posibles filtraciones de la UCO en causas que afectan al Gobierno.
Durante la instrucción también ha trascendido que Mercedes González informó hace aproximadamente un año al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de sus encuentros con Leire Díez. Tanto la propia directora general como fuentes de La Moncloa reconocieron que esas reuniones fueron comunicadas al titular de Interior, aunque, según la versión ofrecida, una de ellas estuvo motivada por la petición de Leire Díez para que se restituyera en su puesto al comandante Rubén Villalba, solicitud que, siempre según González, fue rechazada.
