El nuevo Congreso que surja de las elecciones generales de este domingo, que se constituirá el 17 de agosto, heredará una quincena de iniciativas legislativas, entre ellas dos cuyo debate está pendiente desde 2014, así como la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras la disolución de las Cortes se pierde casi todo que lo que estaba registrado en el Congreso, pero hay algunas excepciones, que son las iniciativas procedentes de otras instituciones como los parlamentos autonómicos, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
La iniciativa más antigua con la que se encontrará el próximo Congreso data de 2014. Se trata de una reforma constitucional procedente de la Junta General del Principado de Asturias que busca ampliar la participación ciudadana para, por ejemplo, poder pedir la celebración de un referéndum si se logran 500.000 firmas.
En la herencia figuran, además, otras dos reformas de la Constitución impulsadas desde Cámaras autonómicas. Desde octubre de 2018 lleva esperando ser tramitada la enviada por el Parlamento balear para que la isla de Formentera elija un senador y en la misma situación hay otra de las Cortes Valencianas para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, que llegó al Congreso en febrero de 2020.
Iniciativas ciudadanas
En esta lista hay también cinco Iniciativas Legislativas Populares (ILP), leyes promovidas por la sociedad civil con distintos propósitos. En diciembre de 2020, el Pleno aceptó tramitar una relativa al coste de las prestaciones de dependencia que había recalado en el Congreso en 2014, pero luego ya no hizo nada más.
En enero de 2021 se llegaron a presentar enmiendas parciales a otra ILP sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, una ley que entró en la Cámara en 2018, pero que ha quedado en el tintero y habrá que ver si se reactiva en la próxima legislatura.
El pasado mes de mayo llegó a presentarse ante la Comisión de Trabajo la ILP para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, pero ya no se pudo avanzar más por la disolución de las Cortes.
