El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, adjudicó dos contratos públicos por cerca de un millón de euros a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción durante su etapa al frente de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunidad Valenciana, entre 2019 y 2022.
Ambas adjudicaciones se produjeron mediante procedimientos abiertos simplificados y estuvieron vinculadas a actuaciones para reducir el impacto acústico de la autovía CV-30 en distintos puntos de la ciudad de Valencia. Se trata de intervenciones habituales en entornos urbanos, que suelen implicar la instalación de pantallas acústicas u otras soluciones técnicas para minimizar el ruido del tráfico en zonas residenciales o próximas a centros educativos.
El primero de estos contratos fue resuelto el 7 de agosto de 2020 por un importe de 221.702 euros. El proyecto tenía como finalidad mitigar el ruido generado por la carretera a su paso junto al colegio público Arquitecto Santiago Calatrava, situado en la pedanía de Benimàmet, y contó con la participación de 15 empresas en el proceso de licitación.
Posteriormente, el 5 de noviembre de 2021, la misma consejería volvió a confiar en la empresa adjudicataria para una segunda actuación, esta vez valorada en 709.614 euros. En este caso, los trabajos se centraban en la reducción del impacto sonoro de la CV-30 en el barrio de Benicalap, con un total de 11 compañías concurrentes en el concurso público.
La empresa beneficiaria de ambos contratos pertenece al empresario José Ruz, quien actualmente figura como investigado por el Tribunal Supremo en el marco del conocido como caso Koldo. Las diligencias judiciales apuntan a su presunta implicación en delitos como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Según las investigaciones, Ruz habría tenido un papel relevante en una red que operaba en torno a adjudicaciones públicas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Entre los indicios recogidos por los investigadores se incluye la supuesta financiación de encuentros y celebraciones en las que se habrían ofrecido beneficios a miembros de la trama.
En este contexto, las adjudicaciones realizadas en 2020 y 2021 han quedado bajo escrutinio, al igual que otros contratos públicos en los que participó la empresa durante esos años, coincidiendo con su actividad en el ámbito de la obra pública autonómica.
El nombramiento de Arcadi España como titular de Hacienda se ha producido en sustitución de María Jesús Montero, en un momento en el que distintas investigaciones judiciales afectan a personas de su entorno político. Entre ellas destaca el caso de José Antonio Marco Sanjuán, ex alto cargo de su equipo, contra quien la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por presunto cohecho.
Así, la trayectoria de adjudicaciones realizadas durante su etapa autonómica se suma ahora al foco informativo en un escenario marcado por el avance de causas judiciales relacionadas con la contratación pública.
