España volverá a ser examinada en Ginebra el próximo 25 de septiembre, en el marco del Examen Periódico Universal de la ONU. Y, en esta ocasión, lo hará bajo la sombra de un duro informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), que ha lanzado una campaña internacional para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que respete un derecho fundamental cada vez más erosionado: la libertad religiosa.

En una carta remitida a todas las misiones diplomáticas y a la relatora de la ONU sobre libertad religiosa, Nazila Ghanea, el OLRC alerta de que «el derecho a la libertad religiosa se está deteriorando cada año» en España. El documento recuerda que en 2023 un sacristán fue asesinado en Algeciras por un islamista radical y que en 2024 un fraile murió tras ser golpeado en Gilet (Valencia). Sin embargo, reprocha, «el Gobierno español nunca habla de cristianofobia«, pese a que los católicos son el grupo más atacado.

El informe advierte también de un repunte alarmante del antisemitismo, especialmente tras los ataques de Hamás en 2023 y la respuesta militar de Israel.

Entre las seis recomendaciones que el Observatorio plantea para el informe final figuran: la protección de templos y símbolos religiosos, el respeto al derecho a rezar —incluso frente a clínicas abortistas o sedes de partidos—, el mantenimiento del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y la erradicación del laicismo beligerante en las instituciones. También exige que los medios públicos eliminen de su programación contenidos ofensivos hacia la fe.

El OLRC recuerda que algunas comunidades religiosas se ven obligadas a instalar cámaras y seguridad privada para evitar ataques, y denuncia que los creyentes están siendo tratados como «ciudadanos de segunda» en un país cuyo Ejecutivo social-comunista impulsa leyes contra la presencia pública del cristianismo.