Las expectativas de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desvanecieron este martes, tras el pacto entre el PSOE y el PP para reemplazar a los 20 vocales después de un bloqueo que duró 2.030 días. Los expertos consultados por el diario THE OBJECTIVE destacan la capacidad de los seleccionados, pero critican su marcado perfil ideológico. Un destacado magistrado lamenta que «para este viaje de cinco años y medio no eran necesarias tantas alforjas». Sin embargo, algunas voces defienden la elección argumentando que se trata de «perfiles transversales» que no se alinearán fácilmente con el sector que los ha propuesto.
El pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ se hizo público el 12 de noviembre, tras negociaciones en Bruselas. El acuerdo busca un reparto «equilibrado» de vocales, con el objetivo de reforzar la independencia del Poder Judicial, tal y como recomienda la Comisión Europea. Los cambios sustantivos se esperan para el próximo mandato. Actualmente, las formaciones se limitan a vanagloriarse por haber introducido diez vocales cada una.
Los 12 nuevos vocales de origen judicial (el Congreso elegirá seis y el Senado otros seis) estaban en la lista de 50 candidatos aprobada por la Junta Electoral Central en 2018. El mandato del CGPJ expiraba el 4 de diciembre. Sin embargo, todo se complicó cuando se filtró un mensaje del portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, revelando que su partido controlaría la Sala de lo Penal «por la puerta de atrás», reflejando así la politización del pacto.
Los jueces consultados por este medio critican la «descompensación» existente en el CGPJ. De los 12 vocales de procedencia judicial, ocho pertenecen a asociaciones judiciales: cinco a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.413 afiliados, y tres a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), con 434 socios. En contraste, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (con 885 afiliados) y el Foro Judicial Independiente (con 338) no lograron incluir a ningún vocal.
Solo cuatro de los nuevos vocales de procedencia judicial no tienen afiliación, a pesar de que el 50% de la carrera judicial no está asociada. De los 5.416 profesionales que existen en España, según el Servicio de Estadística del órgano de gobierno de los jueces, la progresista JJpD representa el 15% del nuevo Consejo cuando solo supone el 8% de la carrera. «Está sobrerrepresentado», lamentan varios jueces.
Entre los vocales más ideológicos se encuentra Ángel Arozamena, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde 2015. En los años ochenta, Arozamena fue asesor del gabinete de la Presidencia del Gobierno con Felipe González y, años más tarde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.
