El Parlamento Europeo ha exigido en un demoledor informe que el Gobierno de Pedro Sánchez recupere de manera inmediata la unidad antidroga OCON-Sur, suprimida en 2022 por decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Bruselas considera que su desaparición supuso un grave retroceso en la lucha contra las mafias del narcotráfico que operan en el sur de España, especialmente en el Campo de Gibraltar, una de las zonas más sensibles del continente en materia de seguridad.

El documento, que será presentado oficialmente el próximo lunes y ha sido adelantado por OkDiario, advierte de que la ausencia de estructuras especializadas ha debilitado la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. Por ello, la Eurocámara insta a los países miembros a «restaurar o crear unidades específicas contra el narcotráfico», citando expresamente la OCON-Sur como ejemplo de eficacia policial. Reclama además que estas unidades cuenten con dotación presupuestaria estable, personal permanente y competencias claras para actuar en áreas fronterizas de alta conflictividad.

La OCON-Sur, creada en 2018, se consolidó como un grupo de élite dedicado a combatir las redes de tráfico de drogas y contrabando. En apenas cuatro años logró miles de arrestos y cuantiosas incautaciones de sustancias ilegales. Su desmantelamiento, decidido por el Ministerio del Interior en septiembre de 2022, fue duramente criticado por la Fiscalía Antidroga, que lo consideró un «golpe» a la estrategia de contención de las organizaciones criminales.

El informe europeo también dedica un apartado específico a los acontecimientos de Barbate, donde el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 reveló, según el texto, «las graves consecuencias de la pérdida de recursos policiales tras la eliminación de la OCON-Sur». En este sentido, Bruselas apunta directamente al Ejecutivo español, al que acusa de haber reducido la presión policial por motivos políticos, debilitando con ello la protección en las fronteras.

Junto a la exigencia de restituir la unidad antidroga, el Parlamento Europeo propone reconocer la labor de las fuerzas de seguridad como una «profesión de alto riesgo». Entre las medidas que plantea figuran una mejora sustancial de las condiciones salariales, la jubilación anticipada y una cobertura jurídica reforzada. Asimismo, el informe reclama que las agresiones a los agentes sean tipificadas como «eurodelitos» y castigadas con penas más duras en toda la Unión.