El plan anunciado por Pedro Sánchez para impulsar el relevo generacional en el campo español comienza a mostrar importantes grietas. La mayoría de las 17.000 fincas rústicas que el Gobierno pretende movilizar son extremadamente pequeñas y ni siquiera existe información suficiente para saber cuántas pueden explotarse realmente con fines agrícolas, según recoge El Debate.

Así lo refleja un estudio elaborado por Cocampo, plataforma especializada en compraventa y arrendamiento de fincas rústicas, que ha analizado el patrimonio estatal incluido en la medida anunciada por el Ejecutivo.

De los 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, un total de 15.510 figuran como pertenecientes a Patrimonio del Estado. El dato más llamativo es su tamaño. La superficie mediana de esas propiedades es de apenas 0,416 hectáreas, menos que medio campo de fútbol.

Además, el 76,4% tiene menos de una hectárea, sólo 176 alcanzan las diez hectáreas y únicamente 40 llegan o superan las 30. Las cifras ponen en cuestión la capacidad del plan para convertirse en una solución estructural al envejecimiento del campo español.

El Gobierno ni siquiera sabe cuántas son realmente cultivables

El problema no se limita al tamaño de las fincas. El informe advierte de que la información pública disponible no permite saber de forma homogénea cuántos de esos terrenos son realmente agrícolas, forestales, pastos o simplemente superficies improductivas.

Tampoco existe información suficiente sobre aspectos esenciales para cualquier explotación agraria, como el acceso a regadío, la disponibilidad de derechos de agua, la calidad del suelo o las condiciones materiales necesarias para producir.

Es decir, el Gobierno presentó las 17.000 fincas como una herramienta para facilitar la entrada de jóvenes al sector sin haber aclarado todavía si buena parte de esos terrenos puede utilizarse realmente para cultivar o criar ganado.

El anuncio fue realizado por Sánchez el pasado enero como una de las principales medidas para combatir el envejecimiento del sector primario. La situación es especialmente preocupante: el 40% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años y sólo el 9% tiene menos de 41.

Ocho meses después, siguen las incógnitas

Las organizaciones agrarias ya recibieron el anuncio con desconfianza. Meses después, buena parte de sus dudas siguen sin respuesta: dónde están exactamente las fincas, en qué estado se encuentran, si disponen de agua, qué superficie útil tienen o bajo qué condiciones podrán acceder a ellas los jóvenes agricultores.

El entonces secretario general de COAG, Miguel Padilla, llegó a advertir de que determinadas fincas podían carecer completamente de utilidad productiva. El estudio de Cocampo confirma ahora que el tamaño medio de las propiedades dista enormemente de la estructura habitual de las explotaciones agrícolas españolas.

La dimensión media de una explotación en España ha aumentado desde las 26,92 hectáreas de 2020 hasta 30,46 hectáreas en 2023, un crecimiento del 13,2%.

Esto no significa que una explotación inferior a esa superficie sea necesariamente inviable —depende del cultivo, el agua, la ubicación y el modelo productivo—, pero sí refleja una tendencia clara: las explotaciones que sobreviven necesitan cada vez más escala para soportar los costes.

Costes que obligan a crecer

La mecanización, la tecnología, los seguros, los suministros, el personal y las instalaciones generan gastos fijos que dificultan la supervivencia de las explotaciones más pequeñas. Por ello, mientras el Gobierno promociona la movilización de miles de terrenos públicos como una solución al relevo generacional, la realidad es que tres de cada cuatro fincas ofrecidas tienen menos de una hectárea.

El propio informe concluye que esta cartera de terrenos puede contribuir de alguna manera a facilitar el acceso de jóvenes a la tierra, pero difícilmente constituye por sí sola una respuesta estructural al problema.

La medida fue presentada además en un momento de creciente malestar en el campo español por la reforma de la Política Agraria Común, el acuerdo con Mercosur y el incremento de la competencia procedente de terceros países. Ocho meses después del anuncio, el Gobierno todavía no ha despejado las incógnitas fundamentales.