La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha admitido este martes que las negociaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial están «muy avanzadas» y no ha descartado que pueda cerrarse un acuerdo esta misma semana.

En una entrevista en Antena 3, ha afirmado que «lo importante no son los nombres» sino la «condiciones» que deben cumplir los que van a ser nombrados como miembros del CGPJ. Según ha explicado, se trata de avanzar hacia un cambio en el sistema de elección del CGPJ que «camine hacia lo que Europa marca» y que «no haya ningún tipo de vinculación política» de los nuevos vocales.

Fuentes del PP han manifestado que la posible rebaja del delito de sedición, un compromiso del presidente del Ejecutivo con los secesionista, no va a afectar a la negociación y han llamado a «separar» ambos asuntos.

La anunciada reforma del delito de sedición ha cobrado actualidad por la petición de ERC para que se materialice de una vez por todas coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, reiteró el pasado jueves que España debe «homologar» este delito a su regulación en otros países europeos, aunque «olvidó» que hay cinco países europeos (entre ellos Alemania, Italia o Francia) que cuentan con penas más elevadas.

La sedición se recoge en el artículo 544 de nuestro Código Penal como la conducta de quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

En el precepto siguiente, el CP establece que «los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores serán castigados con la pena de prisión de 8 a 10 años, y con la de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad», a lo que añade que «en ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».

Las fuentes jurídicas explican que una eventual rebaja de las penas por sedición afectaría a la situación tanto de los condenados e indultados por el golpe separatista y también a la de los prófugos que siguen investigados.