Los Presupuestos presentados por el Gobierno socialcomunista priorizan el gasto, el despilfarro y la subvención de causas ideológicas que en nada merman los problemas reales de los españoles.
Así, en un país que cuenta con más de 13 millones de personas en situación de riesgo por pobreza, casi el 28% de la población residente, la partida destinada a aplicar la Agenda 2030, el decálogo globalista que pretende la destrucción de las clases medias, la imposición de un fracasado modelo multicultural y la liquidación de la soberanía de las naciones, y que constituye una herramienta para controlar a la sociedad utilizando sus propios recursos, está dotada con 24,9 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio actual.
En esta línea, se van a destinar más de 7,48 millones de euros, por ejemplo, a la Dirección General de Derechos de los animales. De esta cantidad, más de la mitad van destinados a subvenciones: 1,95 millones para la «gestión de colonias felinas» y 2 millones para entidades que defienden «los derechos de los animales».
En las cuentas sube un 11,38% (hasta los 63,6 millones) el presupuesto del Ministerio de Consumo, el que dirige el comunista Alberto Garzón y que solamente se dedica a atacar a sectores esenciales para la economía española como el ganadero, el turístico o el azucarero. Garzón llegó a decir que España «exporta carne de mala calidad de animales maltratados» y que es «un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido como el turismo», y sostuvo que «el azúcar mata». También promocionó la «huelga de juguetes», la campaña con el objetivo de «combatir el sexismo» que costó más de 100.000 euros.
Y crece un 9%, hasta los 573 millones, el presupuesto del Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero, una cartera que busca el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y que está impulsando leyes que en ningún caso respetan el interés general como la ley Trans.
En la Administración periférica, el Ejecutivo mantiene el derroche de 6 millones de euros en personal eventual en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Y aumenta un 28,3% la partida para la comunicación institucional de la Administración del Estado y un 62,7% (hasta los 106 millones) las transferencias al Fondo de Protección de la Cinematografía. Además, en el presupuesto de Universidades se destinarán 8,2 millones para «becas de inmersión lingüística»… y más de 1,3 millones irán entidades separatistas como el Instituto de Estudios Catalanes, la Academia de la Lengua Vasca, la Real Academia Galega o la Academia de la Llingua Asturiana, entre otras.
El Gobierno prevé también una transferencia para RTVE de 490 millones de euros en 2023, lo que supondrá una subida del 10,5% respecto al ejercicio anterior, cuando presupuestó 443 millones de euros. Y ha incrementado un 14,16% el presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside el socialista José Félix Tezanos, con una partida que está cifrada en más de 12,6 millones de euros.
El propio Tezanos aseguró la pasada semana que «probablemente tendrá que haber algún aumento más» del presupuesto para poder ampliar los «muestreos» y las «encuestas» relativas a las distintas citas electorales previstas para el próximo año.
