El grupo parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid ha presentado una iniciativa para aplicar el principio de prioridad nacional en el reparto de recursos públicos y excluir de forma explícita a los inmigrantes ilegales, una propuesta que ha rechazado el PP de Isabel Díaz Ayuso.

La diputada de VOX Ana Cuartero ha exigido al Gobierno de Ayuso que lleve a cabo la modificación de la ley de subvenciones de la Comunidad de Madrid para garantizar que los españoles sean los primeros en acceder a los recursos que pagan con sus impuestos. «Quien quiera hacer caridad que la haga con su propio dinero», ha denunciado.

Además, ha defendido la remigración de «quienes se niegan a trabajar y hacen de la ayuda pública su forma de vivir», la repatriación de todos los inmigrantes ilegales y la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos o pretendan “encerrar a las mujeres en cárceles de tela».

Esta propuesta defiende la necesidad de establecer criterios claros de acceso a las subvenciones en los planes estratégicos que «otorguen preferencia a los españoles (…) sin perjuicio de que los extranjeros que residan legalmente en España y contribuyan efectivamente al sostenimiento de la Comunidad puedan optar a dichas ayudas una vez atendidas las necesidades de los españoles».

También insta al Gobierno de Pedro Sánchez a aplicar estas mismas medidas a nivel estatal. En concreto, propone reformar la ley general de subvenciones para introducir el principio de prioridad nacional en todo el territorio español, acompañado de criterios de transparencia, control y fiscalización equivalente a los exigidos para la Comunidad de Madrid.

En la propuesta, VOX recuerda que «la inmigración legal masiva y desbordada constituye un problema de extrema gravedad para España y de manera muy particular para la Comunidad de Madrid», y señala que la región con más de un 25% de población nacida en el extranjero censada sufre con especial intensidad «las consecuencias de estas políticas irresponsables: saturación de los servicios sanitarios y educativos, incremento de la inseguridad en los barrios y desvío de recursos públicos que deberían destinarse a dependientes, familias vulnerables o al refuerzo de las plantillas sanitarias».

«Sólo en menas en 2024 se atendieron 2.500 casos en Madrid, con un gasto superior a 60 millones de euros y con una capacidad de acogida y tutela de 637 plazas; y en lo que llevamos de 2025 ya son más de 1.200 los menas que han pasado por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid», ha subrayado. «Mientras tanto más de 433.000 madrileños están en paro, 387.300 sobreviven únicamente con el Salario Mínimo Interprofesional y 190.284 dependen del Ingreso Mínimo Vital. Esos son los verdaderos olvidados por las políticas actuales, que continúan priorizando a quienes llegan ilegalmente a nuestro país frente a los españoles que han trabajado y contribuido durante años», ha añadido.