El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, dijo la pasada semana —ante la indignación por la inseguridad— que deportará a los inmigrantes ilegales que «delincan» y la vicepresidenta de Castilla y León, Isabel Blanco, trasladó el pasado lunes que recurrirán el reglamento y el traslado de menas.
Pero es sólo discurso ante el crecimiento de VOX, única formación que siempre ha defendido la deportación de inmigrantes ilegales y de inmigrantes legales que delincan, porque —según ha podido saber LA GACETA— el gerente del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (PP) presentó a primeros de julio la nueva subvención de 5,25 millones de euros para los sindicatos y la patronal para desarrollar el programa integral de activación del empleo e inclusión laboral 2025-2026, que incluye partidas para regularizar a inmigrantes ilegales.
La ayuda contiene partidas concretas para el Programa de Apoyo a la inclusión laboral de Inmigrantes en Castilla y León (INI), que busca «facilitar la regularización administrativa y la integración laboral de inmigrantes, especialmente aquellas personas pendientes de homologación de títulos o en situación irregular, ajustándose a las disposiciones del nuevo Reglamento de Extranjería». Está incluida en la firma del Diálogo Social por parte del presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Sirve para «la prestación de la correspondiente asistencia técnica y legal, la facilitación de las regularizaciones sectoriales y el asesoramiento en materia formativa y lingüística, así como sobre la homologación de títulos y cualificaciones», y tiene el «propósito» de conectar a los inmigrantes con las oportunidades del empleo acordes a sus perfiles», según dicho documento.
La propuesta, que se llevará a Pleno este mes, entrega 1.750.000 euros a cada entidad, aunque la cuantía para el INI (la ayuda para facilitar la regularización de inmigrantes) varía: es de 639.000 en el caso de UGT; de 416.666,67 euros para CCOO; y de 216.666,67 euros para la CEOE.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) tiene previsto recuperar las subvenciones para sindicatos y patronal para la prevención de riesgos laborales que VOX suprimió a su llegada al Gobierno de CyL en el año 2022. El PP recuperará una subvención de 1.600.000 euros para la CEOE; de 699.200 euros para UGT; y de 450.400 euros para CCOO. Los créditos para financiar estas subvenciones, no consignadas en los presupuestos al haber sido eliminadas por VOX, se retirarán de las partidas destinadas a solventar problemas de empresas en crisis y medidas de prevención y bienestar laboral.
El PP también recuperó tras la salida del partido liderado por Santiago Abascal del Gobierno regional las ayudas para la participación institucional que VOX logró reducir a un 50%. Así, los populares entregaron en noviembre del año pasado una subvención de 3.959,860 euros: 1,48 millones para la CEOE, y 1,23 a cada uno de los sindicatos (UGT y CCOO) para «cubrir gastos de personal, formación, asesoría jurídica, suministros y otros costes vinculados a su labor representativa». En junio de este año se reeditó esta ayuda a los sindicatos y patronal, otorgando una subvención de otros dos millones de euros.
Un mes antes, la Junta de CyL aprobó ayudas por 1,2 millones de euros para promover el IV Acuerdo Marco de Competitividad. La CEOE recibió 600.000 euros, mientras que UGT y CCOO obtuvieron 300.000 cada uno. Esta ayuda, que también fue suprimida por VOX en el presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, iba destinada a «acciones de modernización, digitalización y transición ecológica en el tejido socioeconómico».
