España enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con más de 350.000 inmigrantes ilegales llegados al país desde mediados de 2018, según datos recopilados de ACNUR, el Ministerio del Interior y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Esta cifra, equivalente a la población de ciudades como Alicante, refleja un descontrol en las políticas migratorias que ha convertido a España en la principal puerta de entrada ilegal a Europa. Las Islas Canarias y Baleares, epicentros de esta avalancha, están al borde del colapso, mientras la falta de acuerdos internacionales y la permisividad de países como Marruecos y Argelia agravan una situación insostenible causada por las políticas migratorias del PSOE y del PP.
Un balance alarmante: 350.000 entradas en siete años
El flujo migratorio ilegal hacia España ha alcanzado niveles históricos. En 2018, año de la llegada de Sánchez a Moncloa, ACNUR registró un récord de 65.000 inmigrantes ilegales, el pico más alto hasta la fecha. Más del 80% de estas entradas se produjeron bajo el actual gobierno socialista, marcando un punto de inflexión en la gestión migratoria. En 2019 y 2020, pese a la crisis sanitaria, 74.000 inmigrantes entraron ilegalmente, según el Ministerio del Interior. El año 2021 estuvo marcado por un episodio devastador: entre 12.000 y 14.000 inmigrantes, incentivados por Marruecos, cruzaron a Ceuta en mayo, elevando el total anual a 57.000 ilegales.
En 2022, las llegadas descendieron a 31.763, pero la calma fue efímera. En 2023, el repunte en la ruta canaria disparó las cifras a 57.538, según ACNUR. El 2024 batió todos los récords del actual Ejecutivo, con 64.318 inmigrantes ilegales, de los cuales el 73% (46.843) desembarcaron en Canarias. En lo que va de 2025, hasta el 20 de junio, 19.260 inmigrantes han ingresado ilegalmente, manteniendo una tendencia al alza que no muestra signos de desaceleración.
Canarias: una crisis humanitaria y de seguridad
Las Islas Canarias se han convertido en el epicentro de esta crisis, recibiendo casi 160.000 inmigrantes ilegales desde 2020, según la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En 2020, 23.023 personas llegaron al archipiélago; en 2021, 22.316; en 2022, 15.682; en 2023, un explosivo aumento del 154% llevó la cifra a 39.910; y en 2024, se alcanzó un récord de 46.843, un 17,4% más que el año anterior. En 2025, hasta mayo, 11.492 inmigrantes han desembarcado, consolidando un incremento del 103,5% desde 2020.
El perfil migratorio ha evolucionado de forma preocupante. Si entre 2020 y 2023 predominaban los senegaleses, ahora los malienses, procedentes de una región del Sahel azotada por la inestabilidad y el yihadismo, lideran las llegadas. Esta situación plantea serios riesgos de seguridad, ya que las autoridades españolas carecen de recursos suficientes para gestionar un flujo tan masivo. Además, la permisividad de Marruecos, que no controla las salidas desde Tan-Tan, Tarfaya y el litoral saharaui, agrava el problema.
Canarias, con una población de apenas 2,2 millones, está al límite. La saturación de los centros de acogida y la falta de soluciones efectivas han generado una crisis que desborda las capacidades del archipiélago. La inacción del gobierno central y la falta de cooperación internacional han dejado a las islas en una situación insostenible.
Baleares: el auge de la ruta argelina
Mientras Canarias sufre, Baleares se ha convertido en la segunda gran puerta de entrada ilegal a España. En 2024, según el Informe Anual de Seguridad Nacional, 5.882 inmigrantes ilegales llegaron al archipiélago. En 2025, hasta mayo, la cifra asciende a 3.272, un incremento del 300% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La ruta argelina, liderada principalmente por inmigrantes argelinos (2.700 en 2025, según FRONTEX), ha convertido a Formentera y Cabrera en puntos críticos de desembarco.
Las mafias, que operan con impunidad desde Argelia, han intensificado el uso de «taxi pateras», embarcaciones rápidas que trasladan inmigrantes a Baleares y regresan al norte de África. Un reciente operativo en Ibiza, según la Policía Nacional, desmanteló una de estas redes, deteniendo a dos patrones argelinos, uno con antecedentes por robo violento. Sin embargo, estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del problema. La falta de acuerdos con Argelia, que no acepta repatriaciones y la ineficacia de las políticas migratorias de la Unión Europea han dejado a Baleares al borde del colapso.
Consecuencias devastadoras
La crisis migratoria en España es el resultado de una combinación de factores: la inacción del Gobierno central, la desidoa del PP, la falta de cooperación internacional y la permisividad de países como Marruecos y Argelia. Mientras Marruecos utiliza la inmigración como herramienta de presión geopolítica, Argelia, pese a sus esfuerzos esporádicos, no controla eficazmente las salidas desde sus costas. La Unión Europea, por su parte, no ha logrado implementar una estrategia coordinada y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde 2024, aún no ha mostrado resultados tangibles.
El impacto de esta crisis trasciende lo humanitario. La inmigración ilegal ha disparado la inseguridad en muchos puntos del territorio nacional. En el plano político, las propuestas de socialistas y populares perpetúan el descontrol.
¿Hacia dónde vamos?
Con más de 350.000 entradas ilegales desde mediados 2018, España enfrenta un desafío estructural que no puede seguir siendo tratado como una emergencia puntual. Canarias y Baleares, desbordadas, son el reflejo de un sistema migratorio roto. Sin medidas urgentes—como reforzar los controles fronterizos, negociar acuerdos de repatriación con Marruecos y Argelia, y aumentar los recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— el país se encamina hacia una crisis de proporciones históricas. La pregunta no es si España puede soportar más presión, sino cuánto tiempo podrá resistir antes de que el colapso sea irreversible.
