VOX ha anunciado este lunes una doble ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad impulsadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con la presentación de alegaciones al futuro Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030 y la interposición de recursos contencioso-administrativos contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) aprobadas en siete municipios de la provincia.
La formación recurrirá las ordenanzas vigentes en Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat. Según VOX, estas restricciones al tráfico carecen de una justificación técnica y económica suficiente y reproducen un modelo que ya ha sido cuestionado en distintas resoluciones judiciales. Además, considera que las ZBE perjudican especialmente a quienes no tienen capacidad económica para sustituir su vehículo por otro con distintivo ambiental.
Durante la presentación de esta iniciativa, el portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, sostuvo que el nuevo plan de movilidad responde a planteamientos ideológicos más que a criterios técnicos. A su juicio, las medidas previstas endurecen las limitaciones al uso del vehículo privado y tendrán consecuencias negativas para autónomos, pequeños comercios, trabajadores y familias que dependen del coche para desarrollar su actividad diaria.
Entre las alegaciones que presentará el partido también figura la crítica al procedimiento seguido por la administración metropolitana. VOX sostiene que el documento se ha elaborado apoyándose en infraestructuras cuya financiación no está garantizada, cuestiona que pueda afectar a la autonomía de los municipios y denuncia que no incorpora un estudio detallado sobre el impacto económico que las nuevas restricciones tendrían sobre distintos sectores productivos. Asimismo, censura que toda la documentación haya sido tramitada únicamente en catalán.
La formación rechaza igualmente la eficacia de las restricciones al tráfico como herramienta para mejorar la calidad del aire y sostiene que las políticas actuales convierten al vehículo privado en el principal objetivo de las administraciones, trasladando el coste de esas decisiones, según afirma, a las rentas medias y bajas.
El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, aseguró que el partido mantendrá su oposición a este modelo de movilidad tanto en el ámbito institucional como en los tribunales. En su intervención defendió que su formación seguirá reivindicando la libertad de circulación y el derecho de los ciudadanos a utilizar su vehículo sin nuevas limitaciones.
Garriga añadió que VOX continuará impulsando acciones políticas, judiciales y sociales contra estas medidas y afirmó que la formación no modificará su posición respecto a las Zonas de Bajas Emisiones ni al nuevo Plan Metropolitano de Movilidad. Según explicó, el objetivo es defender los intereses de autónomos, trabajadores y familias frente a unas políticas que, a juicio del partido, restringen derechos y perjudican la actividad económica.
