La dirección del Partido Popular optó por la negación y la contradicción para responder a la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista. Mientras el PP de Madrid sostenía que la edil nunca había denunciado acoso alguno, al mismo tiempo afirmaba que ese supuesto acoso sí se investigó y se archivó por falta de pruebas, una versión que choca con la documentación del propio partido, que revela que el expediente se cerró sin escuchar a la denunciante ni a los testigos propuestos.

Los hechos denunciados se remontan a la campaña de las elecciones municipales de 2023 y se prolongan hasta la salida de la concejala del consistorio y del partido, en octubre de 2024. Según su relato, el alcalde la sometió a proposiciones explícitas no deseadas y, tras su negativa a mantener una relación que no fuera estrictamente profesional, comenzó un proceso de hostigamiento laboral. La edil describe meses de aislamiento, desprecio institucional, trato humillante y, finalmente, la retirada de las competencias que tenía asignadas.

La denunciante acudió en primer lugar a la dirección del PP de Madrid. En dos reuniones con dirigentes regionales, entre ellos la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario general, Alfonso Serrano, recibió un mensaje claro: no acudir a los tribunales. Según consta en la documentación, se le trasladó que hacer pública la denuncia o judicializarla no la beneficiaría y que el supuesto amparo del partido pasaba por descartar cualquier acción legal.

Ante la ausencia de una respuesta efectiva y la negativa a activar un protocolo de acoso, la concejala renunció a su acta y causó baja como militante. Aun así, decidió trasladar su caso a la dirección nacional del Partido Popular, detalla El País, donde explicó por escrito que llevaba meses solicitando amparo sin recibir protección alguna. En su carta recordó que había sido afiliada desde 2010 y que, pese a múltiples reuniones y escritos dirigidos a Génova, el partido no actuó mientras ella seguía en el cargo.

La Vicesecretaría de Organización respondió derivando el asunto al comité nacional de derechos y garantías, que pidió a la denunciante toda la información disponible. Ella remitió un escrito de veinte páginas en el que hablaba expresamente de acoso sexual y profesional, del abandono por parte del partido y de las recriminaciones recibidas desde dentro. Detalló episodios concretos, la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación con el alcalde y el inicio de un acoso laboral continuado. También propuso testigos y medios de prueba.

El procedimiento quedó paralizado cuando la denunciante comunicó que había acudido a un juzgado por el hackeo de su correo electrónico, después de que desaparecieran mensajes relacionados con la Comunidad de Madrid. El comité interpretó entonces que existía una causa judicial abierta y suspendió la investigación interna. La exconcejala aclaró que el procedimiento no tenía relación con el acoso y solicitó que se retomara la investigación. Tras remitir la documentación judicial solicitada, no volvió a recibir ninguna comunicación.

Desde la dirección nacional del PP aseguran que el caso se reabrió y que se realizaron las consultas oportunas, incluso pese a que la denunciante ya no era afiliada. Sin embargo, ella no fue citada de nuevo, no se contactó con los testigos propuestos ni se comprobaron parte de las pruebas aportadas. Tampoco fue informada de que el expediente se hubiera reactivado ni de su archivo definitivo.