El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), dirigió el Consejo de Gobierno que aprobó destinar cerca de 3,6 millones de euros al Centro Asistencial de Melilla, una entidad privada sin ánimo de lucro cuya presidencia también ostenta el propio Imbroda. Los fondos corresponden al programa de acogida residencial de menores sometidos a medidas de protección durante 2026 y fueron aprobados en la sesión celebrada el pasado 24 de abril.
El acta de aquella reunión, avanzada por @CanarioToday, identifica expresamente a Juan José Imbroda Ortiz como presidente del Consejo de Gobierno y recoge su asistencia a la sesión junto al resto de miembros del Ejecutivo autonómico. Entre los asuntos abordados figuraba el convenio entre la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública y el Centro Asistencial de Melilla para financiar la atención residencial de menores durante este año.
La documentación del propio convenio introduce una circunstancia especialmente llamativa. En el apartado dedicado a las partes firmantes aparece, por un lado, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed El Aoula, en representación de la Ciudad Autónoma. Por el otro figura nuevamente Juan José Imbroda, esta vez identificado como «presidente del Centro Asistencial de Melilla», cargo para el que fue elegido por la Asamblea General de la entidad el 20 de julio de 2023 y desde el que actúa en nombre y representación de la organización beneficiaria.
El programa contempla un máximo de 60 menas en situación de desprotección derivados por la administración competente. Según el desglose económico aportado, el coste de la plaza se fija en 81,93 euros por menor y día, mientras que la reserva de plaza asciende a 61,44 euros diarios. La ocupación máxima presupuestada alcanza 1.794.267 euros, a los que se añaden otros 1.895.803 euros en costes de plantilla, de modo que el gasto conjunto previsto ronda los 3,69 millones de euros.
El propio convenio detalla además los recursos humanos mínimos exigidos para desarrollar el programa. Entre otros puestos, contempla una dirección, una dirección pedagógica, 20 educadores, cinco técnicos de Educación Infantil, ocho cuidadores y once trabajadores de servicios generales. La combinación del coste residencial y de la plantilla explica el volumen global de financiación destinado al funcionamiento del servicio.
Los documentos muestran así a Imbroda desempeñando dos responsabilidades diferentes vinculadas a una misma operación: preside el Gobierno autonómico que autoriza el convenio y, simultáneamente, preside la entidad que recibe los fondos públicos. La documentación aportada no permite por sí sola concluir que exista una irregularidad jurídica o una incompatibilidad, pero sí plantea una cuestión sobre potencial conflicto de intereses, las medidas de abstención aplicables y los estándares de ejemplaridad exigibles cuando una misma persona ocupa ambas presidencias —además del negocio migratorio—.
El Centro Asistencial de Melilla es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada, entre otras funciones, a la atención de menores. El acuerdo aprobado el 24 de abril establece precisamente la colaboración con la Ciudad Autónoma para garantizar durante 2026 la acogida de menores sujetos a medidas de protección.
La operación coloca por tanto el foco en la gobernanza del convenio más allá de su finalidad asistencial. Determinar si existió obligación legal de abstención, si Imbroda intervino específicamente en la deliberación y votación de este punto o si se aplicaron mecanismos destinados a evitar un conflicto de intereses exigiría examinar el expediente completo y las normas que regulan ambas instituciones. Lo que sí reflejan los documentos es que el Consejo de Gobierno presidido por Imbroda autorizó fondos millonarios destinados a una entidad cuya presidencia también ejerce el propio presidente melillense.
