El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad un contrato de 2,8 millones de euros para la cesión temporal de espacios, servicios y suministros destinados a la celebración del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, celebrado en octubre del pasado año, apenas 26 días antes de la celebración del evento, según publica El Debate.

Según la documentación publicada por el propio órgano de garantías, el contrato ascendió a 2.803.356 euros, impuestos incluido. La formalización del contrato se conoció el mismo día de la inauguración del congreso, el 27 de octubre. Se celebró en Ifema.

La contratación se realizó a través del procedimiento negociado sin publicidad, una modalidad contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público para supuestos específicos y excepcionales. Aquel expediente afectaba a los servicios de organización y gestión del evento y había sido adjudicado a la Escuela Internacional de Protocolo por un importe de 839.979 euros con impuestos incluidos. La decisión fue recurrida por la empresa Integración Agencias de Viajes, que denunció una presunta alteración de ofertas económicas durante la fase de subsanación.

En su recurso, la mercantil sostuvo que se había producido una «manipulación fraudulenta del precio unitario del cóctel de bienvenida», una circunstancia que, a su juicio, vulneraba los principios de igualdad de trato y transparencia que deben regir la contratación pública.

El Tribunal Constitucional justificó entonces lo ocurrido aludiendo a un «error de interpretación», un «malentendido» e incluso a un «fallo informático», argumentos que fueron analizados durante la tramitación del recurso.

La resolución del TACRC acabó estimando parcialmente las pretensiones de la recurrente y acordó la anulación de la adjudicación a la Escuela Internacional de Protocolo, además de la exclusión de su oferta del procedimiento.

El tribunal administrativo señaló en su resolución que, aunque el procedimiento negociado presenta características diferenciadas respecto a otros sistemas de contratación, ello no permite modificar propuestas económicas una vez superados determinados límites temporales. En concreto, advirtió de que las especialidades de este mecanismo «no justificarían actuaciones contrarias al principio de invariabilidad de las ofertas tras el cierre del plazo de presentación, permitiendo su modificación bajo la apariencia de una simple subsanación».

La resolución añade además que la modificación detectada tenía su origen en un incumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Junto al contrato principal para el alquiler de espacios y servicios, el Tribunal Constitucional aprobó también otro gasto relacionado con el congreso. En este caso, se destinaron 58.405 euros, impuestos incluidos, a la soprano Ainhoa Arteta por la prestación de servicios de «actuación musical, producción y equipamiento técnico» durante el evento.