La Guardia Civil tiene previsto poner este jueves a disposición de la Audiencia Nacional al empresario Víctor de Aldama —presunto conseguidor del caso Koldo— y al resto de detenidos por la operación anticorrupción relacionada con un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, entre ellos su socio Claudio Rivas y una hermana de este último.
De Aldama y los demás implicados en esta presunta trama de corrupción han permanecido desde el lunes en las dependencias policiales de Tres Cantos, en Madrid, desde donde serán trasladados este jueves para comparecer ante el juez Santiago Pedraz, según fuentes de la investigación.
En paralelo a los arrestos, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado una finca en Coria, Cáceres, propiedad de Claudio Rivas, quien junto a Aldama lidera el presunto entramado que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría conseguido «una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración».
Sobre este registro en Cáceres, se pronunció el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, explicando que se trata de un caso que «no tiene nada que ver» con el caso Koldo, aunque involucra a la misma persona. La Guardia Civil practicó un registro, pero «no se encontró dinero y no hubo detenidos».
Entramados societarios instrumentales
Según la Fiscalía Anticorrupción, la operación se centra en una supuesta organización criminal que utilizaba «una serie de entramados societarios instrumentales» para defraudar a la Hacienda Pública y blanquear fondos ilícitamente obtenidos.
Entre los 14 detenidos por esta trama de hidrocarburos se encuentra Víctor de Aldama, quien ya había sido arrestado por la UCO por su implicación en la trama de compra de mascarillas durante la pandemia, relacionada con Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Anticorrupción subraya que, a diferencia de otras organizaciones criminales, esta estructura presenta una elevada complejidad debido a su actividad en el sector legal de los hidrocarburos y los millonarios beneficios obtenidos en cortos periodos de tiempo, lo que les permite influir en «diferentes esferas de poder» y obtener una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios.
La causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, está dirigida por el juez Santiago Pedraz del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Se han llevado a cabo 14 detenciones y 11 registros en domicilios y sedes empresariales en varias provincias, principalmente Madrid, Salamanca y Cáceres.
