El Gobierno vasco, en manos del Partido Socialista, activó la semilibertad del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, mientras el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional reclamaba más información para decidir sobre sus permisos de salida. La medida permitió que el etarra abandonara ayer por la mañana la prisión de Martutene, en San Sebastián, apenas unos minutos antes de las ocho, y que pueda repetirlo cada día laborable mientras la Justicia revisa el caso.

La decisión política se produjo después de que el juzgado considerara insuficientes los datos aportados para autorizar los primeros permisos ordinarios. Dichos permisos habían sido propuestos por la Junta de Tratamiento de la cárcel y examinados por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García Berro, y por el magistrado José Luis de Castro. Ante la falta de información, el juez solicitó nuevos informes al centro penitenciario, según confirmaron fuentes jurídicas.

Sin embargo, esos informes aún no habían llegado cuando el Ejecutivo vasco optó por una vía alternativa que evitaba la autorización judicial previa. El departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, aplicó el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un mecanismo que permite diseñar un régimen a medida que combina elementos del segundo grado con el tercero.

Esta fórmula, utilizada en el pasado por el Ministerio del Interior para facilitar las primeras semilibertades de presos de ETA, tiene una ventaja clave desde el punto de vista administrativo: su aplicación es inmediata. A diferencia del tercer grado, no queda en suspenso aunque la Fiscalía o el juez muestren reparos. Gracias a ello, Txeroki continuará saliendo de prisión entre semana mientras la Audiencia Nacional analiza la legalidad de la medida.

El departamento de Justicia debe comunicar formalmente su resolución al juez de Vigilancia Penitenciaria, un trámite que ayer por la mañana todavía no se había producido. Una vez reciba la notificación, el magistrado recabará el criterio del fiscal coordinador, aunque su informe no será vinculante. Con esa información, deberá decidir si ratifica la semilibertad o la revoca. Las previsiones apuntan a que la resolución podría llegar en un plazo de una o dos semanas.

De manera paralela, sigue abierta la tramitación de los permisos ordinarios de salida, que permitirían al etarra pasar varias noches fuera de prisión. Por ahora, el régimen aplicado le obliga a regresar a Martutene para dormir y a permanecer en el centro durante los fines de semana.

El caso de Txeroki se suma a una larga lista de miembros de la banda terrorista beneficiados por decisiones similares desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021. Según los recuentos elaborados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Covite, el número de etarras que han accedido a la semilibertad ronda ya el centenar. La Fiscalía sólo ha recurrido una parte de estos expedientes, algunos de los cuales acabaron siendo revocados. En determinados casos, el Ejecutivo vasco volvió a impulsar la misma medida tras el rechazo judicial.

La semilibertad de Aspiazu llega apenas 16 meses después de que fuera entregado de forma definitiva a España por las autoridades francesas, tras solicitar él mismo cumplir condena en territorio español. Detenido en 2008 cuando dirigía el aparato militar de ETA, fue condenado en Francia a más de 20 años de prisión y entregado en varias ocasiones a la Audiencia Nacional para ser juzgado por distintos atentados.

Las condenas impuestas en España alcanzan cerca de 400 años de cárcel. Entre ellas, 377 años por el atentado contra la ex teniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo, al considerarse 20 asesinatos en grado de tentativa; nueve años por ordenar un coche bomba en Oropesa, en Castellón, y 18 más por el intento de asesinato con un paquete bomba contra la delegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero. En otras causas, como el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José María Lidón o un atentado con coche bomba en Bilbao, resultó absuelto.

La decisión política se produce, además, cuando Txeroki mantiene causas pendientes. Entre ellas figura la investigación por haber dado la orden al comando que atentó contra la T4 del aeropuerto de Barajas en 2007, un ataque que causó dos muertos y puso fin a la tregua que ETA mantenía entonces con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También continúa investigado en la causa que atribuye delitos de lesa humanidad a antiguos dirigentes de la organización terrorista.