El PSOE ha entregado este martes en la Audiencia Nacional la documentación relativa a todos los pagos en efectivo realizados entre los años 2017 y 2024. La formación socialista ha remitido esta información en un dispositivo pendrive, en cumplimiento del requerimiento del magistrado Ismael Moreno, instructor del denominado «caso Koldo», que reclamó el detalle completo de estos abonos tras detectar inconsistencias entre las entregas de dinero en metálico a Koldo García y los datos previamente aportados al Tribunal Supremo.

Según consta en una diligencia de constancia a la que ha tenido acceso La Razón, la procuradora del partido hizo entrega en el juzgado de «un sobre cerrado» que contenía el soporte digital con la documentación solicitada el pasado 26 de noviembre. El requerimiento partió de una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción, interesada en cotejar los pagos realizados en efectivo en la sede de Ferraz con las retiradas de dinero de la denominada caja pagadora del partido.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que, a primera hora de la mañana, el PSOE comunicó a la Audiencia Nacional su intención de entregar la documentación a lo largo del día. Tras la recepción del material, el magistrado Moreno ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que proceda a su análisis y a la elaboración del correspondiente informe policial.

Conviene recordar que el PSOE solicitó previamente al juez que aclarase si el requerimiento afectaba a todos los pagos en metálico realizados desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó el liderazgo del partido o si debía limitarse únicamente a los abonos efectuados a Koldo García, al secretario de Organización, Santos Cerdán, o al exministro José Luis Ábalos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 respondió que no existía margen para interpretaciones y que debían entregarse todos los pagos sin excepción.

El magistrado decidió, no obstante, restringir el acceso de las partes al contenido de la documentación, por lo que su análisis se llevará a cabo de forma reservada y a puerta cerrada. El PSOE había alegado que se trataba de información de carácter privado cuya difusión podía beneficiar a adversarios políticos, dado que el Partido Popular figura como acusación personada en la causa. El juez atendió esta petición y acordó preservar el contenido hasta que concluya el examen policial.

Esta línea de investigación se activó después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, advirtiera de posibles irregularidades en las liquidaciones de gastos percibidas por Koldo García durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos. El juez del Alto Tribunal actuó tras incorporar a la causa un informe de la UCO que apuntaba a entregas de dinero en efectivo procedentes de Ferraz que no encajaban con los gastos oficialmente declarados por el partido.

Con el objetivo de aclarar estos extremos, el magistrado citó como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización. Ambos aparecían mencionados en el informe policial: el primero como responsable del control de la caja pagadora y la segunda como la persona que efectuaba las entregas de efectivo a Koldo García.

Durante su comparecencia judicial, ambos negaron la existencia de irregularidades, aunque no supieron justificar los descuadres detectados. Asimismo, reconocieron que no se realizaban comprobaciones exhaustivas para verificar la autenticidad de los tickets aportados por Koldo García. Rodríguez explicó que las liquidaciones correspondían a pagos destinados a todo el equipo de la Secretaría de Organización, primero bajo la dirección de Ábalos y posteriormente de Cerdán. Moreno Pavón admitió que este sistema no era una excepción, sino una práctica habitual aplicada a toda la Ejecutiva del partido.

Ante estos indicios, el magistrado Puente decidió remitir la investigación a la Audiencia Nacional, al considerar que era el órgano competente para indagar una posible operativa de blanqueo de capitales. La decisión se sustentó en el hecho de que tanto Ábalos como Koldo García habrían percibido durante esos años cantidades en metálico no justificadas, presuntamente procedentes del cobro de comisiones ilegales.

El juez Ismael Moreno asumió la investigación y solicitó informe a la Fiscalía Anticorrupción, que concluyó la necesidad de recabar el detalle de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. Tras aceptar la petición, el instructor reclamó formalmente la documentación el pasado 26 de noviembre. Ahora, con el material ya en poder del juzgado, la Policía Judicial inicia su análisis.