El PSOE de Pedro Sánchez se sumará a una red global de centros de pensamiento integrada exclusivamente por fundaciones y laboratorios de ideas de izquierda, cuyo propósito declarado es frenar el auge de la llamada «extrema derecha», pero que en la práctica busca impulsar medidas internacionales de control de la información y de censura bajo el pretexto de combatir la desinformación.
La iniciativa fue presentada en Nueva York durante la última semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en un encuentro encabezado por Sánchez junto a los presidentes latinoamericanos Gabriel Boric (Chile), Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Todos ellos, dirigentes de signo progresista, apuestan por una estrategia coordinada a escala global que les permita consolidar su discurso político y neutralizar voces críticas.
Entre los impulsores españoles se encuentran las fundaciones Avanza, Alternativas y Pablo Iglesias, todas ellas ligadas directamente al PSOE. A estas se unirán otros think tanks afines de países como Chile (Instituto Igualdad y Rumbo Colectivo), Brasil (Instituto Futuro y Brasil Washington Office), Colombia (Instituto de Pensamiento Progresista), Uruguay (Fundación Liber Seregny), Australia (Australia Institute) y Canadá (Broadbent Institute). El objetivo es extender la red con más entidades del mismo perfil ideológico, incluyendo a Horizonte Ciudadano y Nodo 21 en Chile, la Fundación Perseu Abramo en Brasil, la Fundación Carolina en España y centros vinculados a Morena en México. También mantienen contactos con organizaciones similares en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
La nueva plataforma se define como una «alianza de centros progresistas», que pretende elaborar propuestas «rigurosas y científicas» para dar forma a políticas públicas y fortalecer la cooperación internacional. Sin embargo, en su propio comunicado reconocen que la prioridad pasa por contrarrestar el «colapso del orden internacional» y el avance de «las nuevas derechas radicales», a las que acusan de socavar los cimientos de la democracia representativa. En otras palabras, el proyecto nace con una finalidad abiertamente ideológica: blindar a la izquierda en el terreno de las ideas e imponer marcos de pensamiento comunes.
Entre los compromisos adoptados destaca la redacción, antes de que acabe 2025, de la estructura jurídica que definirá cómo funcionará esta coalición, los requisitos de adhesión y el estatus de los participantes. Su primera iniciativa concreta será la elaboración de un informe titulado «Diálogo, autorregulación y regulación internacional de las grandes plataformas para combatir la desinformación», documento que será presentado en la próxima cumbre de alto nivel prevista en España en 2026.
Pese al lenguaje tecnocrático con el que se viste el proyecto, resulta evidente que la intención de fondo es impulsar mecanismos de control sobre los medios digitales y las redes sociales, restringiendo la pluralidad de voces y debilitando la disidencia. En nombre de la lucha contra la «reacción» y la «ultraderecha», Sánchez y sus aliados buscan en realidad legitimar un marco de censura global que reduzca la libertad de expresión bajo el paraguas de la corrección política.
