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El PSOE cede ante Londres

El PSOE se pliega de nuevo ante Bruselas y permite que blanquee a Gibraltar como paraíso fiscal

Gibraltar PSOE
Peñón de Gibraltar. Europa Press

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la exclusión de Gibraltar de la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Una decisión política que supone un nuevo gesto de acercamiento hacia el Reino Unido desde Bruselas, pero que va en contra del interés estratégico de España. Lo más llamativo es que el PSOE haya votado a favor del «blanqueamiento» fiscal del enclave británico en suelo español, a pesar de que hace sólo un año respaldó la postura opuesta en el mismo hemiciclo.

La medida supone un espaldarazo para la colonia que alberga más de 14.000 empresas activas —una por cada 2,4 habitantes— y cuya opacidad fiscal genera pérdidas estimadas en 7.000 millones de dólares anuales para la Unión Europea. Gibraltar ofrece exenciones fiscales a las sociedades con beneficios extraterritoriales y mantiene un régimen duty free que afecta directamente a sectores clave del Campo de Gibraltar, como el comercio, la logística o el juego online.

El cambio de postura del PSOE ha sorprendido incluso en Bruselas. En abril de 2024, los eurodiputados socialistas votaron junto al PP, los liberales y los verdes a favor de una resolución que pedía mantener a Gibraltar en el listado. Un año después, el grupo socialista ha avalado su salida, alineándose con la narrativa de acercamiento al Reino Unido impulsada por las instituciones europeas tras el acuerdo preliminar sobre el estatus post-Brexit de la colonia.

Fuentes comunitarias consultadas por El Debate señalan que el cambio de criterio se debe a la voluntad de no entorpecer el acuerdo negociado en mayo entre la UE, España y Reino Unido, que prevé, entre otras medidas, la eliminación de la verja fronteriza. «Nadie quiere que Gibraltar estropee el proceso de deshielo con Londres», explican.

La retirada de Gibraltar de la lista de territorios bajo vigilancia no implica sanciones directas, pero sí reduce los controles sobre operaciones con sede en la colonia. Se trata, en la práctica, de un lavado de imagen fiscal que beneficia al Gobierno británico y daña los intereses de España.

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