La primera imputación del PSOE como persona jurídica será por su presunta participación en la financiación de la trama investigada en el denominado caso Leire Díez, según publica ABC citando fuentes judiciales y fiscales. La causa, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, investiga una supuesta estructura que habría tratado de obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. La eventual imputación del partido todavía no se ha formalizado.

Antes de adoptar nuevas decisiones sobre Ferraz, Pedraz tiene previsto continuar practicando diligencias. Uno de los nombres que ha adquirido especial relevancia es el de Alberto Cachinero, responsable de los servicios jurídicos socialistas, después de la declaración prestada el pasado 9 de septiembre por la gerente del partido, Ana María Fuentes. Según la información publicada, Anticorrupción contempla citar a Cachinero inicialmente como testigo.

Fuentes explicó ante la Audiencia Nacional que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, era quien decidía recurrir a determinados servicios externos de asesoramiento y posteriormente trasladaba esas instrucciones a la estructura administrativa del partido. La gerente atribuyó a Cerdán las contrataciones de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, ambos investigados en el procedimiento.

La declaración también puso el foco sobre Cachinero. Según el testimonio de Fuentes, los servicios jurídicos intervenían en la preparación y comprobación de las hojas de encargo. En el caso de Oliver, aseguró que fue la Secretaría de Organización la que comunicó la contratación y la asesoría jurídica la que materializó posteriormente el documento.

La investigación trata de determinar, entre otros extremos, cómo terminó llegando dinero procedente del PSOE a Leire Díez a través de intermediarios. La UCO cifra en al menos 43.225 euros los fondos que habría recibido la exmilitante mediante personas o sociedades vinculadas a Gaspar Zarrías e Ismael Oliver. Los investigadores sostienen que los recursos utilizados para sufragar determinados gastos de la estructura bajo sospecha tenían «un mismo origen: el PSOE».

El procedimiento ha llevado además a Pedraz a ordenar el análisis de cuentas bancarias relacionadas con el partido y con varios investigados. El propio PSOE solicitó al magistrado que únicamente la Fiscalía pudiera acceder a la pieza separada dedicada al examen de seis de sus cuentas y pidió que se excluyeran aquellos datos sin relación con la investigación.

La situación de Alberto Cachinero podría adquirir mayor importancia en las próximas diligencias. ABC sostiene que fuentes de Anticorrupción prevén su próxima comparecencia y que su situación procesal podría cambiar en función del resultado de las pesquisas. Por el momento, no está formalmente investigado por estos hechos.

Paralelamente, la Audiencia Nacional continúa investigando el papel atribuido a Leire Díez y Santos Cerdán. La hipótesis que se investiga es que Cerdán habría impulsado una organización dirigida operativamente por Díez con el objetivo de interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno, una tesis todavía pendiente de resolución judicial.

La investigación económica de este procedimiento avanza de forma separada de otras causas que afectan a antiguos responsables socialistas. Según ABC, fuentes judiciales consideran posible que el partido termine también siendo investigado por una presunta financiación irregular. Esa posibilidad, al igual que la eventual imputación del PSOE en el caso Leire, no constituye por ahora una declaración de responsabilidad penal.