La relación entre el Gobierno y el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. En apenas dos semanas de septiembre, varios miembros del Ejecutivo han endurecido sus críticas contra decisiones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE, mientras en los tribunales avanzan investigaciones que podrían terminar alcanzando al propio partido como persona jurídica.
Según informa El Confidencial, jueces y fiscales consultados por el diario interpretan esta escalada como una estrategia destinada a amortiguar el impacto político que tendría una eventual imputación del PSOE. La hipótesis cobra especial relevancia ante el avance de las pesquisas relacionadas con Leire Díez y con la financiación de la formación.
La eventual investigación penal del partido supondría un nuevo escenario para Sánchez. A las causas que afectan a antiguos cargos, responsables vinculados al PSOE y personas de su entorno se añadiría la propia organización política que sostiene al Ejecutivo.
El presidente del Gobierno ya ha contemplado públicamente esa posibilidad. Sánchez ha asegurado que, si el PSOE termina imputado, acudirá a defender su inocencia, mientras rechaza que haya existido financiación irregular. El pasado 9 de septiembre afirmó que su partido había entregado facturas, recibos y documentación sobre donaciones y sostuvo tajantemente: «No hay financiación irregular del Partido Socialista».
La presión sobre los socios de Sánchez
Una imputación del PSOE también colocaría en una posición delicada a Sumar, ERC, EH Bildu y PNV, cuyos votos han permitido a Sánchez mantener la legislatura. Varias de estas formaciones han utilizado durante años la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción como elementos centrales de su discurso político.
El escenario adquiere especial importancia ante la proximidad del próximo ciclo electoral. Los aliados parlamentarios de Moncloa tendrían que afrontar el coste político de mantener su respaldo a un Ejecutivo cuyo partido principal estuviera formalmente investigado.
En paralelo al avance de las causas, el discurso del Gobierno contra determinados miembros de la judicatura ha aumentado de intensidad durante septiembre.
Uno de los ataques más contundentes ha partido del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Tras una decisión del Tribunal Supremo relacionada con el censo electoral de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, López calificó el auto de «salvajada» y «atropello democrático».
El ministro también habló de «salvapatrias» dentro de la judicatura y de sectores judiciales que, según su acusación, pretenden derribar al Ejecutivo. Llegó a referirse a la existencia de «lobos solitarios» que habrían respondido a la conocida frase del expresidente José María Aznar de que «el que pueda hacer, que haga».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha dirigido sus críticas contra los tribunales. El 10 de septiembre acusó a determinados jueces de «hacer política» y de pretender «gobernar el país por detrás», además de reconocer la existencia de una «tensión innegable» entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Sánchez señala directamente al juez Peinado
La ofensiva ha llegado hasta el propio presidente del Gobierno. En una entrevista concedida a El Intermedio el 14 de septiembre, Sánchez aseguró que «hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen» y dirigió sus críticas contra Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez.
«Estoy convencido de que Peinado ha hecho mucho daño a la Justicia», afirmó Sánchez, que también cuestionó que el magistrado vaya a ser recordado por «haber sido un juez imparcial». El presidente vinculó además las investigaciones sobre su mujer y su hermano con denuncias promovidas por organizaciones, PP y VOX para, según sostuvo, «socavar la capacidad de resistencia» de su Gobierno.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha cuestionado al órgano de gobierno de los jueces después de que fueran archivadas sus quejas contra Peinado. El dirigente socialista atribuyó esa decisión al «conservadurismo» o al «corporativismo» dentro del CGPJ.
La escalada coincide con un panorama judicial especialmente delicado para el PSOE. Según la información publicada por El Confidencial, las pesquisas sobre los pagos realizados a Leire Díez y su entorno han abierto la posibilidad de examinar la responsabilidad de la propia formación.
A ello se añade otra investigación sobre movimientos de dinero vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García, que ha terminado alcanzando las entregas de efectivo en Ferraz, determinadas donaciones y las acusaciones sobre una posible financiación irregular. Parte de esas diligencias permanece bajo secreto y está pendiente de informes que podrían resultar determinantes.
El choque institucional se produce mientras Sánchez mantiene públicamente que el PSOE es inocente y reivindica haber entregado documentación para demostrarlo. Al mismo tiempo, el presidente ha intensificado sus críticas contra las investigaciones que afectan a su entorno y contra determinados magistrados. El pasado 16 de septiembre volvió a cargar en el Congreso contra la decisión relacionada con el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.
La posibilidad de que el PSOE termine investigado como persona jurídica eleva así la presión sobre Moncloa y sobre sus aliados parlamentarios en los meses previos a las elecciones, mientras las investigaciones judiciales continúan avanzando.
