La ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, aparece en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) como una figura que, presuntamente, trató de utilizar contactos e influencias para intervenir en asuntos relacionados con la Fiscalía, la Guardia Civil y diversos procedimientos judiciales de especial relevancia política.

Según la documentación analizada por los investigadores, Díez habría transmitido en distintas ocasiones la idea de que disponía de capacidad de influencia sobre instituciones clave del Estado. Esa percepción aparece reflejada tanto en anotaciones personales intervenidas durante la investigación como en testimonios recogidos por la Guardia Civil.

Uno de los aspectos que más atención ha despertado entre los agentes es la supuesta intención de influir en actuaciones de la Fiscalía. Diversos testigos sostienen que Díez consideraba posible promover cambios dentro del Ministerio Público y que mantenía la convicción de poder facilitar acuerdos o beneficios procesales a determinadas personas investigadas a cambio de información útil para determinadas estrategias.

La UCO recoge, por ejemplo, referencias a conversaciones relacionadas con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. En varias anotaciones personales atribuidas a Díez aparecen comentarios sobre decisiones adoptadas por la Fiscalía en procedimientos de especial repercusión, incluyendo referencias al empresario Víctor de Aldama y a su situación procesal.

Los investigadores interpretan estos apuntes como una muestra del interés que la denominada trama mantenía sobre la evolución de distintos procedimientos judiciales. Algunas de las notas analizadas plantean interrogantes sobre actuaciones de fiscales concretos y sobre la relación jerárquica dentro de la Fiscalía General del Estado.

Las pesquisas también señalan que Díez habría transmitido a distintos interlocutores la idea de que la Fiscalía estaba sometida a una estructura jerárquica susceptible de orientar determinadas decisiones. Esta tesis aparece recogida en declaraciones realizadas ante la UCO por varios testigos vinculados a las investigaciones.

Entre ellos figura el empresario Joaquín Parra, quien aseguró a los agentes que la investigada defendía que determinados procedimientos podían verse condicionados por la actuación de responsables políticos y de altos cargos institucionales. Los investigadores han incorporado esas manifestaciones al sumario para valorar su alcance y credibilidad.

Otra de las líneas de investigación se centra en los contactos mantenidos con abogados, empresarios e investigados en diversas causas penales. Según la documentación recopilada, Díez habría intentado facilitar reuniones o canales de comunicación entre determinadas personas y representantes del Ministerio Público.

Uno de los episodios analizados afecta al entorno del excomisario José Manuel Villarejo. La investigación recoge intercambios de mensajes y gestiones encaminadas, presuntamente, a promover contactos con miembros de la Fiscalía. Sin embargo, algunos de los fiscales mencionados habrían rechazado participar en dichas iniciativas.

Los agentes también han incorporado al procedimiento documentos internos en los que Díez expresaba su malestar por la falta de avances en determinadas gestiones relacionadas con procedimientos judiciales concretos. En esos escritos aparecen referencias a varios investigados y a la posibilidad de alcanzar acuerdos o beneficios procesales que finalmente no llegaron a materializarse.

La investigación atribuye igualmente a la red contactos con personas implicadas en el denominado caso Hidrocarburos. Según varios testimonios, se habrían planteado posibles ventajas procesales a cambio de información que permitiera cuestionar actuaciones de la UCO, de responsables de la Agencia Tributaria y de otras entidades relacionadas con el procedimiento.

En este contexto, la Guardia Civil analiza declaraciones según las cuales determinados intermediarios habrían trasladado ofertas de colaboración condicionadas al suministro de datos considerados de interés para los investigados. Algunas de las personas mencionadas han rechazado estas acusaciones o niegan haber participado en tales actuaciones.

El informe también recoge referencias a actuaciones dirigidas contra fiscales concretos. Entre ellos figura José Grinda, cuya actividad profesional habría sido objeto de comentarios y estrategias analizadas por los investigadores. Testigos incluidos en la causa sostienen que existieron conversaciones encaminadas a apartarlo de procedimientos considerados sensibles para algunos de los implicados.

Paralelamente, los agentes examinan el contenido de diversas agendas y cuadernos personales intervenidos durante los registros. En algunas de esas anotaciones, Díez se atribuía un papel relevante dentro de la estructura investigada y reflejaba su preocupación por procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes políticos y a personas vinculadas al entorno socialista.

La UCO considera que el conjunto de mensajes, notas manuscritas, testimonios y comunicaciones intervenidas permite reconstruir una red de contactos cuyo objetivo habría sido influir en procedimientos judiciales o desacreditar investigaciones en curso. No obstante, será la autoridad judicial la encargada de determinar el valor probatorio de estos elementos y establecer si las conductas investigadas tienen relevancia penal.