El Partido Popular y Ciudadanos se han quedado solos este martes en el Congreso de los Diputados en su defensa de prisión para quienes convoquen o participen en la organización de un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas se han negado a que la Cámara tramite la proposición de ley del PP para que se castigue con pena de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que promuevan consultas ilegales.
El PP, que solo ha contado con el respaldo de Cs y Foro Asturias, ha pedido concretamente reformar el Código Penal para recuperar un delito que se introdujo en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar para frenar el «plan Ibarretxe» y que fue derogado con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa.
La portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha defendido ante el Pleno que el Código Penal debe servir para prevenir los golpes contra la democracia y adaptarse a las nuevas realidades sociales.
Ha subrayado que, mientras el PP supo anticiparse a las amenazas del nacionalismo radical que representaba el PNV, «las izquierdas siempre han allanado el camino a los nacionalistas» y lo «sacaron» del Código Penal para «permanecer unos meses más en la Moncloa».
«Siempre están dispuestos al rescate del separatismo», ha denunciado Montserrat, que ha incidido en que los líderes independentistas catalanes que convocaron el referéndum del 1-O sabían que cometían delitos y las consecuencias de sus actos, pero «siguieron y siguen adelante, ni se arrepienten ni piden perdón».
Ha criticado que el PSOE, con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la cabeza, digan que hay que dar una solución política a quienes llaman a los españoles «bestias taradas» y «arrodillarse» ante el separatismo.
«La solución es la Constitución y fortalecer las instituciones democráticas y defender el Estado de Derecho», ha recalcado Montserrat, que ha señalado que si lo líderes separatistas están hoy en el banquillo es porque el PP les frenó.
En su opinión, es «inexcusable» actuar frente a los separtistas que en ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez han convertido a los socialistas en «presos políticos de los políticos presos».
Y ha recalcado que al votar hoy en contra de la proposición de ley el PSOE «pone en evidencia que puede liquidar España a cambio de la Moncloa (…) y que está más cerca de Waterloo que de la Constitución», porque «su pacto está más vivo que nunca».
«Dialogar no es entregarse al separatismo», le ha contestado el diputado socialista Juan Carlos Campo, para quien el PP se ha «retratado» con esta iniciativa que muestra «su debilidad y, lo que es más grave, una manera de hacer política».
Según ha lamentado, los populares confunden el castigo del delito con la solución del problema y les ha reprochado que persistan en esta postura que ya promovió Aznar y que «ni refuerza el Estado de Derecho ni fortalece el sistema democrático».
«¿De verdad piensan que el Código Penal es necesario para esto?», ha preguntado Campo, que ha defendido que ya establece «sin fisuras» las herramientas necesarias para combatir lo ocurrido en Cataluña y ha añadido que el juicio del procés es prueba de ello.
Tanto Jaime Moya, de Unidos Podemos, como los nacionalistas catalanes han argumentado que la iniciativa del PP da la razón a quienes creen que la celebración de un referéndum no es ilegal. «No lo fue el 1 de octubre ni lo será mañana ni pasado mañana», ha dicho Moya.
Para Carolina Telechea, de ERC, los populares reconocen que el juicio del procés es una «farsa» y ha insistido en que «trabajar por la independencia de forma pacífica no es delito» y en que «nada» de lo que han hecho es delito.
De «torpeza penal y política» ha calificado Mikel Legarda, del PNV, la reforma de los populares que en lugar de ayudar a resolver el conflicto «fomentan el enfrentamiento, agravan el drama y tensan aún más las heridas».
Sin embargo, para Ignacio Prendes, de Cs, la democracia debe defenderse de sus «enemigos» y dotarse para ello de los instrumentos necesarios, así como mejorar los existentes porque «también se afinan los comportamientos de los golpistas».