La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra sigue ampliando el alcance político del caso y pone ahora el foco sobre dos altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez: el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el presidente de Correos, Pedro Saura. Ambos aparecen mencionados en el auto del juez José Luis Calama que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Aunque sus nombres no ocupan un lugar central en las 88 páginas del auto, las referencias incorporadas a la causa apuntan a que ambos pudieron desempeñar un papel relevante en la operación que permitió a Plus Ultra acceder a una ayuda pública de 53 millones de euros durante la pandemia.

Uno de los principales obstáculos para que la aerolínea pudiera acceder al rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) era la deuda que mantenía con la Seguridad Social, cifrada en 451.954 euros y acumulada entre julio de 2017 y mayo de 2020. Según recoge el auto, la empresa necesitaba obtener un aplazamiento de esa deuda para poder optar a las ayudas públicas.

En ese contexto aparece el nombre de José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El juez recoge que el 7 de septiembre de 2020 se produjo una reunión entre Zapatero y Escrivá en el Ministerio de Trabajo. La existencia de ese encuentro aparece reflejada en un mensaje enviado por Rubén Eladio, director de la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, a Koldo García: «Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo». Ese mensaje fue posteriormente reenviado al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La reunión tuvo lugar apenas seis días después de que Plus Ultra solicitara formalmente el rescate a la SEPI y tres días antes de que la sociedad pública requiriera nueva documentación a la aerolínea para continuar con el procedimiento. Un mes más tarde, el 5 de octubre de 2020, la Seguridad Social concedía el aplazamiento de la deuda, despejando así uno de los principales impedimentos para acceder a las ayudas públicas.

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros para Plus Ultra, dividida en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones. Escrivá formaba parte de ese Consejo de Ministros.

Fuentes del entonces Ministerio de Inclusión defendieron posteriormente que el aplazamiento se concedió conforme a criterios técnicos y dentro de la legalidad vigente, recordando además que durante la pandemia se tramitaron miles de aplazamientos similares para empresas con problemas de liquidez.

El otro nombre que emerge en la causa es el de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos. Según la documentación incorporada al sumario, el empresario venezolano Raif El Arigie trasladó a Rodolfo Reyes, directivo de Plus Ultra, el contenido de una reunión celebrada el 22 de julio de 2020 con Saura y su jefe de gabinete.

En ese mensaje se afirma que Transportes no decidiría directamente qué compañías podían acceder al fondo de rescate, pero sí tendría un papel favorable hacia la aerolínea: «El papel del ministerio será únicamente ‘hablar’ bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado».

Las cinco menciones a Pedro Saura en el auto giran precisamente en torno a esa reunión y a las gestiones realizadas para concertarla. La investigación trata ahora de determinar hasta qué punto existieron influencias políticas para facilitar el rescate de una compañía cuya viabilidad ya había sido cuestionada públicamente antes de recibir fondos estatales.