El PSOE arranca la precampaña comprometido por dos investigaciones judiciales que podrían desembocar en una doble imputación del partido. Por un lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto facturas desaparecidas y documentos contables «ininteligibles» en la causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación. Por otro, la dirección socialista ha decidido no entregar por ahora a la Audiencia Nacional los contratos con despachos de abogados reclamados en el denominado caso Cloacas, alegando motivos de confidencialidad y las dificultades organizativas derivadas de la campaña electoral.
Según ha publicado El Mundo, los investigadores de la Guardia Civil han identificado importantes discrepancias entre la documentación económica aportada por el PSOE y los registros del Tribunal de Cuentas. El hallazgo se ha producido después de varias semanas de análisis de los gastos, pagos y justificantes presentados por Ferraz. Los agentes han comprobado que determinadas facturas no aparecen en los expedientes remitidos a la Justicia, mientras que otras contienen conceptos que impiden conocer con precisión los servicios abonados.
Esta investigación está dirigida por el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas diligencias para esclarecer los movimientos de dinero en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024. El juez reclamó inicialmente un listado de pagos en metálico y sus correspondientes justificantes, antes de solicitar al Tribunal de Cuentas los documentos contables de la formación para contrastar ambas fuentes de información.
La sospecha de una posible financiación irregular mediante pequeñas aportaciones económicas y movimientos de efectivo constituye uno de los principales ejes del procedimiento. Los investigadores examinan si determinadas donaciones de empresarios pudieron servir para introducir en las cuentas del partido fondos procedentes de supuestas comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas. Las anomalías documentales ahora detectadas añaden nuevos interrogantes a una investigación que permanece bajo secreto de sumario.
Al mismo tiempo, el PSOE afronta otro frente judicial relacionado con las presuntas actividades de Leire Díez, conocida como la fontanera socialista. El magistrado Santiago Pedraz ha solicitado a la formación los contratos suscritos con abogados y consultoras para averiguar si respondían a servicios profesionales efectivamente prestados o si pudieron utilizarse para sufragar actividades investigadas en el caso Cloacas.
Sin embargo, Ferraz ha optado por no facilitar de momento la información requerida por el juez, pese a que el magistrado reiteró su petición y concedió un nuevo plazo de dos días. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado que el partido considera necesario preservar el secreto profesional de los abogados y la confidencialidad de sus relaciones con los clientes. La dirección socialista ha trasladado sus argumentos al juzgado y ha solicitado un pronunciamiento al Consejo General de la Abogacía Española.
A esta justificación jurídica se suma una segunda explicación: el PSOE sostiene que la campaña electoral dificulta recopilar inmediatamente la documentación solicitada. En un escrito firmado por su responsable jurídico, Alberto Cachinero, la formación argumenta que los contratos no se encuentran centralizados y que las distintas organizaciones territoriales pueden haber encargado servicios profesionales por su cuenta. También señala que revelar la identidad de determinados despachos permitiría deducir el contenido de actuaciones protegidas por la confidencialidad. El propio requerimiento judicial contemplaba la posibilidad de oponer razones relacionadas con el secreto profesional.
Las dos causas sitúan así al partido de Pedro Sánchez ante un escenario judicial especialmente delicado a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Mientras la UCO intenta esclarecer el origen de las irregularidades contables, el juez Pedraz busca determinar si existieron pagos vinculados a las presuntas operaciones de Leire Díez. Ambas investigaciones discurren por separado, pero podrían derivar en la atribución de responsabilidades penales a la formación si los instructores aprecian indicios suficientes.
Por el momento, no existe una doble imputación acordada judicialmente contra el PSOE por estos procedimientos. Las diferencias detectadas en las facturas y la decisión de aplazar la entrega de contratos tampoco acreditan por sí mismas la comisión de delitos. No obstante, los avances de ambas investigaciones mantienen abierta la posibilidad de que el partido termine siendo investigado como persona jurídica por dos causas distintas, en un momento en el que Pedro Sánchez afronta una nueva cita con las urnas.
