'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El rey emérito será investigado por la Fiscalía del Supremo por el AVE a La Meca

El rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado asumir la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey Juan Carlos I.

La investigación, según ha informado este lunes el ministerio público, se centrará en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando don Juan Carlos dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.

Según la Fiscalía, «resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito», que está aforado ante el Tribunal Supremo.

La investigación parte de unas diligencias abiertas por Anticorrupción a finales de 2018 para investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011.

En este caso, la Fiscalía del Supremo centrará sus pesquisas en la fase II de la construcción del llamado «AVE del desierto», que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado la dirección de la investigación al fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos.

La decisión de la Fiscalía del Supremo se ha conocido cuando los reyes visitaban el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes el día en el que la Comunidad de Madrid estrenaba la fase 2 de la desescalada de las medidas adoptadas ante la pandemia de coronavirus.

Felipe VI se ha limitado en su intervención a reclamar a los españoles que actúen como un equipo, solidariamente, para superar la crisis provocada por la COVID-19, y Zarzuela ha optado por no hacer tampoco comentario alguno ante el paso anunciado por la Fiscalía sobre la investigación a don Juan Carlos.

Por parte del Gobierno, su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que «la Justicia es igual para todos» y ha garantizado que el Ejecutivo «no va a interferir» en esa actuación y «colaborará con todo aquello que sea necesario» para facilitar la labor de los tribunales.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha anticipado que su grupo volverá a apoyar una comisión de investigación sobre los negocios ocultos de Juan Carlos I después de que en abril no firmaran la petición de ERC, JxCat, Compromís, Bildu, BNG y Más País alegando que la prioridad era luchar contra la pandemia.

«Ahora solo falta que PSOE, PP, Cs y Vox dejen de bloquearla», ha exhortado Asens en Twitter.

Para el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, es «gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la casa real».

Al margen de las posibles consecuencias penales, Echenique ha considerado «obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional y constitucional» del país.

Quien ha iniciado ya los contactos con otros grupos para pedir de nuevo una comisión de investigación es ERC, según han confirmado fuentes parlamentarias.

El BNG, a través de su diputado, Néstor Rego, ha adelantado que volverá a pedir esa investigación en el Congreso porque «cada vez es más evidente que #OsBorbónsSonUnsLadróns (los Borbones son unos ladrones)».

El diputado y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido de que «nadie está por encima de las instituciones» y que si se comprueba que el rey Juan Carlos se llevó dinero por el AVE a La Meca, tendrá que «devolver todo».

Ni PP ni PSOE han comentado el paso dado por la Fiscalía del Supremo.

Sí lo ha hecho Ciudadanos, cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, se ha mostrado partidario de «la transparencia y la claridad», al tiempo que ha dicho tener «toda la confianza» en la profesionalidad del fiscal de delitos económicos que se hará cargo de la investigación.

Vox ha acusado al Gobierno de meter sus «sucias manos» en todas las instituciones, tras recordar que su presidente, Pedro Sánchez, ya dijo que la Fiscalía dependía del Ejecutivo.

El inicio de la investigación de este asunto se remonta a julio de 2018 tras conocerse la grabación de unas conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, amiga del rey Juan Carlos, en la que ésta habría desvelado que el anterior jefe del Estado tenía cuentas en Suiza donde habría cobrado comisiones del AVE a La Meca y que la utilizó a ella como testaferro.

Las informaciones sobre fundaciones opacas que habrían servido para recibir esas comisiones provocaron que la Casa Real hiciera público un comunicado el pasado 15 de marzo en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y anunciaba la retirada de la asignación presupuestaria que recibía don Juan Carlos.

También se informaba de que éste había designado a Javier Sánchez-Junco como abogado para ejercer su derecho de defensa.

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