Un informe de los servicios jurídicos del Senado ha considerado inconstitucional la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, que fue impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que disienten de la «verdad histórica». Sin embargo, la mayoría del PP en la Mesa de la Cámara Alta ha adelantado su intención de admitirla a trámite para no correr el riesgo de prevaricación.
Según han informado fuentes parlamentarias, los letrados del Senado han emitido un informe en el que señalan diferentes aspectos contrarios a esta reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, considerándola inconstitucional. No obstante, desde la Mesa del Senado accederán a tramitarla para no tener el riesgo de prevaricar, alegando que hubo un precedente similar con la Ley de Amnistía, en la que los letrados del Senado denunciaron su inconstitucionalidad aunque se tramitó en la Cámara Alta.
Esta proposición de ley busca dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido. En concreto, se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas».
