El proceso de regularización de inmigrantes ilegales se ha convertido en una de las iniciativas más temerarias del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por su alcance como por las críticas que ha generado entre sindicatos policiales. Aunque el Ejecutivo partía de una previsión inicial de alrededor de medio millón de beneficiarios, el volumen final de solicitudes habría superado ampliamente esa estimación.
Según los datos citados por fuentes policiales, el procedimiento habría recibido cerca de 1,3 millones de peticiones, una cifra muy superior a la contemplada en un primer momento. Ese incremento ha encendido las alarmas en sectores de la Policía Nacional, que advierten de posibles irregularidades en una parte relevante de los expedientes.
Desde JUPOL sostienen que el número de solicitudes «se sale completamente de todos los esquemas», pese a que ya esperaban una cifra elevada. El sindicato asegura haber tenido conocimiento de un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que alertaría de que unas 400.000 solicitudes corresponderían a personas que no estaban en España durante el periodo exigido.
Para la organización policial, ese dato apuntaría a un posible fraude masivo en el proceso, ya que esos solicitantes no cumplirían los requisitos necesarios para acceder a la regularización. JUPOL considera que la situación confirma las advertencias que había realizado desde el inicio sobre el riesgo de efecto llamada y la posible actuación de mafias dedicadas a explotar el procedimiento.
La portavoz del sindicato critica que las condiciones fijadas para acogerse a la medida eran demasiado flexibles y que esa laxitud habría facilitado la presentación de expedientes dudosos. A su juicio, la regularización se está gestionando con improvisación, sin medios suficientes y con escasa capacidad para verificar adecuadamente la documentación aportada.
JUPOL también subraya que falsificar elementos vinculados a un trámite de extranjería puede convertirse en una vía de entrada para solicitudes fraudulentas si no existen controles sólidos. Por ello, reclama más recursos humanos y técnicos para revisar los expedientes antes de que se produzcan resoluciones favorables.
Las cifras manejadas por la propia Policía Nacional añaden otro elemento de controversia. Según esos cálculos, a 31 de diciembre de 2025 residían en España unos 850.000 extranjeros en situación ilegal, una estimación que no encajaría con el volumen provisional de solicitudes registradas en el proceso.
El sindicato resume su crítica con dureza y sostiene que lo que ya veía como «un coladero» podría convertirse ahora en un «coladero exprés». Mientras tanto, el Gobierno encara un procedimiento de enorme impacto administrativo, social y político, marcado por el debate sobre el control de los requisitos y las consecuencias de una regularización de esta magnitud.
