El sindicato Solidaridad ha denunciado la última cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo con la imposición de la obligatoriedad del catalán en los servicios de atención al cliente de grandes empresas (más de 250 empleados) incluso fuera de Cataluña.
Junts y el Gobierno han acordado que miles de empleados en sectores estratégicos —energía, telecomunicaciones, transportes, banca o aseguradoras— tengan que formarse obligatoriamente en catalán —bajo la amenaza de quedar relegados o discriminados en sus puestos de trabajo—.
«Desde Solidaridad creemos que esta medida es una imposición política que nada tiene que ver con la defensa de los derechos laborales ni de los consumidores, y que traslada los costes de los pactos políticos directamente a los trabajadores más humildes. Los que pagan la debilidad de este Gobierno criminal y el chantaje separatista no son ni Sánchez ni Puigdemont, sino los trabajadores, a quienes se les carga con exigencias absurdas para conservar su empleo«, ha señalado el sindicato a LA GACETA.
Solidaridad recuerda que la lengua común de todos los españoles es el español y que imponer el catalán de manera obligatoria en empresas que operan en todo el país supone «una discriminación hacia los empleados, muchos de los cuales verán peligrar su futuro laboral simplemente por no dominar una lengua regional que no es oficial en sus territorios».
«Este ataque a los trabajadores sólo busca mantener a Sánchez en el poder a costa de los trabajadores«, ha advertido el sindicato, que plantará cara «con todas las posibilidades encima de la mesa a cualquier intento de «imponer requisitos lingüísticos discriminatorios que pongan en riesgo la igualdad de oportunidades y el futuro de los trabajadores».
