El Tribunal Supremo ha admitido este miércoles un nuevo recurso de reposición que solicita suspender cautelarmente el voto de los 189.678 hijos de beneficiarios de la conocida como «ley de nietos» de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha abierto un procedimiento urgente y ha concedido a las partes personadas un plazo extraordinario para presentar sus alegaciones, que finalizará el próximo domingo 15 de noviembre a las 15.00 horas.

La decisión supone que el Alto Tribunal volverá a examinar la situación electoral de este colectivo después de que, el pasado lunes 9 de noviembre, rechazara ampliar las medidas cautelares que ya afectan a otros 162.454 nacionalizados. La nueva providencia establece un calendario excepcional debido a la proximidad de los comicios y permite reabrir una cuestión que todavía no ha quedado definitivamente resuelta.

Precisamente, VOX presentó el pasado martes 10 de noviembre un recurso de reposición contra el auto del Supremo, firmado por su dirección jurídica y encabezado por el eurodiputado Jorge Buxadé. En el escrito, la formación de Santiago Abascal cuestiona que los magistrados hayan reconocido la vinculación entre las nacionalizaciones de padres e hijos y, sin embargo, hayan decidido mantener el derecho al sufragio de estos últimos por las dificultades administrativas que supondría revisar el censo a tan pocos días de las elecciones.

El documento presentado por VOX plantea una alternativa para evitar que los votos cuestionados se incorporen al resultado electoral antes de que exista una sentencia definitiva. En concreto, propone que las juntas electorales identifiquen los sufragios afectados, mantengan sus sobres cerrados y los custodien por separado, sin introducirlos en las urnas de escrutinio ni contabilizarlos hasta que el tribunal resuelva.

Para ello, la formación solicita que la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y los organismos consulares crucen los datos de los 189.678 descendientes con los expedientes de sus progenitores. Según su argumentación, bastaría con identificar a los hijos de los 901 nacionalizados que disponen de certificación consular acreditativa del exilio, evitando así revisar individualmente la totalidad de los expedientes.

El origen de esta controversia se encuentra en la instrucción aprobada en octubre de 2022 por Sofía Puente, hermana del exministro socialista Óscar Puente, cuando dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Aquella disposición desarrolló la Ley de Memoria Democrática e incorporó una interpretación de los requisitos de acceso a la nacionalidad española que ha sido cuestionada ante los tribunales por permitir una presunción de exilio en determinados supuestos.

La documentación remitida por el Gobierno al Supremo reveló que, entre 163.355 expedientes examinados, únicamente 901 contaban con la certificación consular de exilio que permitía excluirlos de la suspensión cautelar. Los otros 162.454 quedaron afectados por las medidas adoptadas por el Alto Tribunal mientras se resuelve la controversia sobre la legalidad de las inscripciones.

Sin embargo, la situación de sus hijos mayores de edad permanecía pendiente. Aunque el Supremo reconoció en su auto del 9 de noviembre que la ampliación de las medidas guardaba una relación directa con las restricciones ya acordadas para sus progenitores, la mayoría de los magistrados consideró que ejecutarlas a las puertas de las elecciones podría provocar graves dificultades organizativas y comprometer la seguridad jurídica del proceso.

La decisión provocó discrepancias dentro del propio tribunal. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero defendió en un voto particular que las exigencias de limpieza del censo debían prevalecer sobre las dificultades derivadas del calendario electoral, al considerar que permitir el cómputo de sufragios posteriormente declarados irregulares podría generar consecuencias imposibles de reparar.

Ahora, con la admisión del nuevo recurso y la apertura de un trámite extraordinario de alegaciones, el Supremo deberá reconsiderar si extiende la suspensión cautelar a los casi 190.000 descendientes o mantiene su decisión anterior. La aceptación a trámite no supone que estos ciudadanos hayan perdido el derecho al voto, sino que la Sala examinará nuevamente la petición antes de adoptar una resolución.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando faltan apenas dieciocho días para las elecciones generales del 29-N. El plazo concedido hasta el domingo evidencia la urgencia de una controversia que afecta a miles de inscripciones irregulares del censo exterior y cuyo desenlace judicial podría determinar qué sufragios podrán incorporarse finalmente al escrutinio.