El Tribunal Supremo ha decidido avanzar en la investigación contra José Luis Ábalos, exministro de Fomento, al encontrar indicios sólidos que apuntan a delitos graves relacionados con la adjudicación irregular de contratos de obra pública. Según el auto emitido, el exministro está acusado de participar en una organización criminal, cometer cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juez Leopoldo Puente subraya que Ábalos habría utilizado su posición para beneficiarse económicamente a través de una red que coordinaba contratos y ocultaba los pagos ilícitos derivados de estas actividades.
Las investigaciones iniciales surgieron de denuncias sobre contratos adjudicados durante la pandemia, vinculados a la compra de mascarillas. Víctor de Aldama, señalado como el presunto comisionista, habría empleado su cercanía con Ábalos y Koldo García para obtener información confidencial que garantizara la adjudicación de ciertos contratos. El juez añade que este tipo de prácticas también se habrían extendido a otras adjudicaciones antes y después de la pandemia, favoreciendo a determinadas empresas y particulares.
En defensa de la gestión actual del Ministerio de Transportes, su titular, Óscar Puente, presentó una auditoría con el objetivo de contrarrestar las acusaciones. Este informe, elaborado por ADIF y la Dirección General de Carreteras, concluye que no se ha encontrado evidencia ni sospechas de irregularidades en los contratos mencionados por Aldama. Además, se destaca que en 21 de los 39 casos analizados las obras fueron licitadas por gobiernos anteriores, tanto del Partido Popular como del PSOE, antes de que Ábalos asumiera su cargo.
Puente afirmó públicamente que este informe desmonta las denuncias de Aldama y lo calificó como un paso necesario para combatir las falsedades que, según él, se han propagado en el proceso judicial. A través de redes sociales, anticipó que las conclusiones de la auditoría causarían disgusto al presunto comisionista, al demostrar que las acusaciones carecen de fundamento.
En su defensa, Ábalos ha presentado estos informes al Tribunal Supremo y los utilizó durante su comparecencia voluntaria, que se prolongó por tres horas. A lo largo de su declaración, el exministro negó haber recibido comisiones a cambio de adjudicaciones y argumentó que las pruebas en su contra son infundadas. Sin embargo, el alto tribunal desconfía de sus explicaciones y sostiene que existe un acuerdo implícito entre Ábalos y el PSOE para protegerse mutuamente frente a las acusaciones que comprometen a ambas partes.
El juez Puente, además, ha señalado que las conversaciones incluidas en el sumario revelan la existencia de una estructura organizada y estable dentro de la red, en la que Ábalos era mencionado como «el gran jefe» o «el superjefe». Estas referencias refuerzan la hipótesis de que el exministro lideraba un grupo con roles definidos y coordinados para llevar a cabo actividades delictivas.
Aunque la Abogacía del Estado aún no se ha personado en el caso, el Tribunal Supremo ya tiene conocimiento del contenido de la auditoría presentada por el Ministerio de Transportes. A pesar de ello, el alto tribunal mantiene que los indicios de culpabilidad contra Ábalos son significativos, dejando entrever que las investigaciones continuarán en esta línea.
