El Tribunal Supremo estudia este martes si mantiene en prisión preventiva al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado por su presunto papel en un reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, o si atiende a su solicitud de quedar en libertad.
Una sala formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral celebrará una vista a puerta cerrada para escuchar los argumentos de la defensa de Cerdán, que se enfrenta a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares dirigidas por el Partido Popular.
El ponente del auto será el juez Pablo Llarena, encargado de resolver el recurso que presentó el ex número tres socialista contra la resolución del magistrado Leopoldo Puente, quien el pasado 30 de junio ordenó su ingreso en prisión preventiva.
Puente adoptó esa medida tras la declaración de Cerdán, en la que este negó que él o el PSOE hubieran recibido dinero de adjudicaciones irregulares durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y calificó la investigación como una persecución política, asegurando que el siguiente “objetivo” sería el ministro Félix Bolaños.
El juez, sin embargo, señaló que existía un «homogéneo y consistente conjunto de indicios (…) realmente extraordinario» que apuntan a delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y ordenó la prisión sin fianza ante el «peligro fundado» de que pudiera ocultar, alterar o destruir pruebas.
Según el magistrado, Cerdán tenía un «papel específico» en la trama, junto a Ábalos y Koldo García. Se le considera la persona que reclamaba a las constructoras las cantidades pactadas, las recaudaba y las hacía llegar a sus superiores, en una relación de «cierta preeminencia» sobre los demás.
Poco después de ingresar en la cárcel de Soto del Real, Cerdán recurrió ante la Sala de Apelación alegando que se trata de una “causa general” contra él, y que se le ha enviado a prisión sin indicios reales con el único objetivo de provocar una confesión, como ocurrió en su momento con el empresario Víctor de Aldama.
La Fiscalía, por su parte, se opuso al recurso, subrayando la capacidad de Cerdán para “ocultar pruebas, condicionar a testigos e influir sobre los aún desconocidos pagadores” de los supuestos amaños. Según el ministerio público, Cerdán mantuvo cierto control de las adjudicaciones de Transportes incluso tras la salida de Ábalos del ministerio.
En esta pieza del caso Koldo, el Supremo investiga además al propio Ábalos, a su exasesor Koldo García, al comisionista Víctor de Aldama y a otros cinco empresarios.
Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado recientemente a Instituciones Penitenciarias que le informe con antelación de las visitas que recibe Cerdán en prisión, incluidas las de sus abogados. Consultado por Prisiones, el juez ha indicado que se atenga a la normativa vigente.
