El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ha frustrado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rastrear con discreción las visitas a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. La solicitud, fechada el pasado 3 de julio, pedía expresamente “la máxima discreción” por el impacto que la medida podía tener en las investigaciones abiertas contra el exnúmero tres del PSOE, implicado en la trama Koldo.
La discreción duró apenas dos semanas. El secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, decidió comunicar el escrito de la UCO al juez del Supremo encargado del caso, lo que derivó en su notificación a todas las partes, incluida la defensa de Cerdán. El pasado 9 de julio, Ortiz remitió la información al alto tribunal y ayer llegó a manos de los abogados del dirigente socialista, Benet Salellas y Jacobo Teijelo.
Fuentes jurídicas explican que es frecuente que las fuerzas de seguridad soliciten conocer los contactos en prisión de internos señalados como miembros de un grupo criminal, como es el caso de Cerdán. Lo que no es habitual es que Instituciones Penitenciarias traslade por escrito esa petición al juez, provocando que los propios afectados sepan que están siendo vigilados.
La UCO considera que rastrear quién visita a Cerdán puede aportar datos clave sobre las operaciones de la trama Koldo y sobre las maniobras del entorno socialista para cuestionar la investigación policial. Entre los primeros visitantes del exdirigente del PSOE, el mismo día de su ingreso en prisión, estuvo su abogado Salellas, acompañado por Teijelo. Este último ya había aparecido vinculado a un encuentro entre la llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díaz, y un prófugo de una trama de fraude, que prometía información para desacreditar a la UCO.
Al día siguiente, otra abogada del despacho de Teijelo se reunió con Cerdán y el 8 de julio se sumó formalmente a su defensa. Sólo un día después, Ortiz comunicó al Supremo la petición de la Guardia Civil.
Ortiz, un hombre de Marlaska al servicio de las prioridades políticas
Ángel Luis Ortiz fue designado por Fernando Grande-Marlaska para dirigir Prisiones nada más llegar Pedro Sánchez al poder. En los siete años en el cargo, ha sido una figura clave en la política de acercamiento y excarcelación de presos etarras, recibiendo directamente las peticiones de Sare, la organización que promovía los homenajes a los terroristas. La Audiencia Nacional acaba de condenar a varios miembros de esa red.
Su nombre aparece también en la investigación del caso Koldo: en una grabación, Cerdán recibe una llamada y responde “sí, Ángel Luis”, para aclarar después a Koldo García que era “el de Prisiones”.
En su escrito al Supremo, Ortiz no justificó su decisión de notificar la solicitud de la UCO, limitándose a señalar que lo hacía “para los efectos que se estimen oportunos” y que Prisiones seguiría “cumplimentando dicha solicitud salvo que por ese Tribunal se ordene lo contrario”.
El juez instructor, Leopoldo Puente, dejó claro que no era asunto suyo autorizar o impedir la actuación de Prisiones: “Ninguna resolución judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida”, subrayó.
El movimiento del hombre de Marlaska supone un revés para las investigaciones de la Guardia Civil en el marco de un caso que ya amenaza con salpicar al núcleo del PSOE.
