Podrían ser sancionados con una multa o que se les deduzca testimonio
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Archivo, Europa Press
Por Rafael Nieto
23 de octubre de 2026
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado cinco días a los ministros de Justicia y Exteriores, Félix Bolaños y José Manuel Albares, para que entreguen a la Junta Electoral Central la relación nominal de los 163.000 supuestos beneficiados por la ‘ley de nietos’ cuyo derecho a voto está suspendido.
Los magistrados amenazan al Gobierno, en caso de incumplimiento, con multas coercitivas o deducción de testimonio por desobediencia, lo que implicaría remitir el asunto a la Sala de lo Penal.
El requerimiento afecta a la lista nominal de 163.020 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, la llamada “ley de nietos”, inscritas en el censo de residentes en el extranjero (CERA) y afectadas por la suspensión cautelar de su derecho de voto acordada por el Supremo el 10 de septiembre.
El incumplimiento de esta orden podría acarrear una multa coercitiva de 1.000 euros. Solo 91 de esos expedientes habían recibido, hasta entonces, certificación consular acreditativa del exilio de sus ascendientes, requisito relevante para poder votar pese a la suspensión.
El Supremo no ha suspendido la nacionalidad ni la ‘ley de nietos’ en sí, sino cautelarmente su efecto electoral: impide que quienes se han nacionalizado por esa vía se inscriban o voten en el CERA mientras se resuelve si cumplen realmente los requisitos legales.
La Sala considera que el aumento excepcional de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría hacer que el censo se constituyera de forma irregular, sin la exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia exigidas.