El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos dejó al descubierto un choque frontal entre su versión y la de la acusación popular, después de que los datos remitidos por Google evidenciasen que los correos electrónicos relevantes para la causa sí fueron borrados, mientras se conservaron otros totalmente irrelevantes.

Según explicó ayer ante el tribunal el abogado de la acusación, Fernando García Capelo, la comisión rogatoria enviada a Google confirmó que existían correos en la cuenta personal de Gmail del fiscal general. Sin embargo, los únicos que aparecieron eran mensajes sin relación alguna con la investigación. En cambio, los emails remitidos por la fiscal provincial Pilar Rodríguez, enviados de madrugada y fundamentales para esclarecer la presunta filtración, habían desaparecido por completo. Para Capelo, el contraste entre unos y otros revela un patrón inequívoco: borrado selectivo de contenido comprometedor.

El letrado subrayó que la desaparición de la cuenta de Gmail se produjo después de que García Ortiz accediera a esos mensajes, y que la eliminación se justificó alegando que prefería evitar correos considerados ofensivos. A juicio de la acusación, esa explicación no resiste un análisis técnico ni temporal, especialmente porque coincide con la apertura de la causa.

Otro punto que tensó la vista fue la gestión del teléfono móvil del fiscal. García Capelo recordó que el fiscal general pidió un dispositivo nuevo en mayo de 2024, pero no lo activó hasta cinco meses después, justo cuando el Supremo abrió diligencias contra él. La acusación considera imposible desligar ese lapso del acceso y posterior filtración de los correos clave. El abogado, que representa a Foro Libertad y Alternativa y actúa junto a VOX y HazteOir, insistió en que ya no queda ninguna duda razonable de que hubo un borrado orientado a suprimir lo que comprometía al fiscal.

García Ortiz mantuvo en su declaración que realiza un borrado sistemático de WhatsApp y correos electrónicos por motivos de seguridad y que no conserva información más de un mes. Argumentó que no es propietario de los datos confidenciales que maneja, sino un mero custodio. También aseguró que la eliminación de mensajes del 16 de octubre de 2024, día en que fue imputado, no afectó a las fechas que la acusación considera decisivas: del 8 al 14 de marzo.

La acusación replicó que el fiscal no mostró ninguna prueba técnica, ni un solo pantallazo, que acreditase la activación del borrado automático cada 24 horas. Recordó que cualquier persona que utiliza esa función suele tener evidencias de mensajes solicitados de nuevo por haber sido eliminados, algo que no ocurrió.

Los análisis de la UCO reforzaron las dudas: sólo permanecen 54 correos electrónicos, pero ninguno corresponde a los que determinan la investigación. Para Capelo, la sincronía entre el acceso a la documentación y la filtración resultó demasiado precisa. A esto añadió un reproche adicional: el fiscal general utilizaba una cuenta personal de Gmail porque decía que los mensajes tardaban más en llegar a su dirección oficial, un argumento que la acusación considera insostenible.

Durante la sesión, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió a García Ortiz. Alegó que incluso si hubiese filtrado el correo relativo a Alberto González Amador, la información ya circulaba entre varios medios afines al Gobierno antes de que el fiscal la conociera. También calificó de legítimos los borrados realizados y negó que hayan tenido consecuencia procesal alguna.

García Ortiz explicó que renueva su teléfono aproximadamente una vez al año, una práctica que adoptó tras observar que los antiguos quedaban almacenados en una caja para su reciclaje. Justificó el cambio de móvil de octubre de 2024 en un viaje a Brasil y afirmó que necesitó asistencia técnica para restaurar los certificados de seguridad. Admitió igualmente que empleó su Gmail personal por comodidad y que cerró esa cuenta en diciembre tras recibir mensajes que describió como amenazantes.

El juicio dejó dos narrativas contrapuestas: la Fiscalía insiste en que los borrados responden a protocolos de seguridad, mientras la acusación sostiene que la información recuperada por Google deja claro que los correos esenciales fueron eliminados y sólo sobrevivieron los que carecían de relevancia. La documentación técnica, para la acusación, desmiente por completo el relato del fiscal general.