La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas apunta directamente a las primarias del PSOE de 2017 como el punto de arranque de la relación política y personal que, años después, derivó en la organización criminal formada por el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

La Sala de lo Penal ha condenado al exministro socialista a 24 años y tres meses de prisión por su participación en una trama que aprovechó su posición en el Gobierno y en el PSOE para obtener beneficios económicos. El tribunal también ha impuesto 19 años y ocho meses de cárcel a Koldo García y cuatro años y medio a Víctor de Aldama, que no ingresará en prisión por su colaboración con la Justicia.

El dato político más relevante de la resolución está en el origen de la red. Los magistrados sitúan el inicio de la relación entre Ábalos y Koldo en los viajes realizados para promocionar la candidatura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, después de su salida forzada tras el convulso comité federal del 1 de octubre de 2016.

«Durante los viajes realizados, en la promoción de la candidatura de la secretaría general del PSOE de Pedro Sánchez que se presentaba a dichas elecciones primarias, José Luis Ábalos conoció en Navarra al también acusado Koldo García, persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) y de la confianza de Santos Cerdán», recoge la sentencia, según ha publicado The Objective.

Aquellas primarias, celebradas en mayo de 2017, enfrentaron a Sánchez con Patxi López y Susana Díaz, la candidata del aparato socialista. Sánchez superó el 50% de los votos y recuperó el control del partido. Tras su victoria, Ábalos fue nombrado secretario de Organización del PSOE y Cerdán asumió la responsabilidad de Política Territorial.

La resolución, de 224 páginas, señala que el entonces dirigente socialista Santos Cerdán recomendó a Ábalos la contratación de Koldo García como conductor para sus desplazamientos por España. El tribunal destaca que ese vínculo no fue sólo profesional, sino también político, ya que Koldo aportaba «compromiso militante» y plena disponibilidad para las necesidades del nuevo secretario de Organización.

Koldo García trasladó entonces su residencia de Navarra a Madrid y pasó a ser asalariado del PSOE desde el 25 de octubre de 2017. A partir de ahí, según el Supremo, se consolidó una relación de absoluta confianza con Ábalos. Cuando el dirigente socialista fue nombrado ministro de Fomento, lo designó asesor dentro del grupo de cargos eventuales de confianza del ministerio.

El ascenso de Koldo no se limitó al despacho ministerial. También fue incorporado al Consejo Rector de Puertos del Estado y a Renfe Mercancías. Ábalos llegó además a contratar a la pareja de su asesor, Patricia Úriz, como secretaria en Fomento.

La sentencia describe a Koldo como algo más que un colaborador político o administrativo. Hasta el cese de Ábalos como ministro, el 12 de julio de 2021, e incluso después, el asesor desempeñó tareas profesionales y personales para su jefe. El Supremo subraya que se sobreentendía que Koldo García era el «fiel transmisor» de las decisiones del exministro y que llegó a manejar distintas fuentes de dinero de Ábalos, que «en ocasiones, se confundían con las propias».

El tercer vértice de la trama aparece a finales de 2018. Según los magistrados, Víctor de Aldama conoció a Koldo García a través de su hermano Rubén, que prestaba servicios como escolta del ministro de Transportes. Esa relación se extendió pronto a Ábalos. En los meses posteriores, el entonces ministro encomendó al comisionista, por medio de su asesor, diversas gestiones.

El Supremo sostiene que los tres acusados vieron en esa relación una oportunidad para obtener un beneficio económico común. «Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno de España y en el PSOE podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad», recoge la resolución.

La Sala considera probado que los acusados constituyeron una organización con reparto de funciones. Ábalos aportaba la autoridad de su cargo como ministro y secretario de Organización del PSOE. Koldo actuaba como intermediario y transmisor de sus decisiones. Aldama, por su parte, utilizaba su influencia sobre ambos para lograr adjudicaciones y beneficios económicos.

El tribunal también detalla las contraprestaciones atribuidas a Aldama. Según la sentencia, el comisionista entregó 10.000 euros mensuales para gastos fijos de Ábalos, pagó el piso de su expareja Jésica Rodríguez, asumió un contrato de arrendamiento con opción a compra de una vivienda en Madrid y sufragó alquileres en Marbella y La Alcaidesa.

Esos pagos, según el Supremo, estuvieron vinculados a gestiones del entonces ministro en favor de la publicación de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y a la concesión de una licencia de hidrocarburos.

La sentencia no atribuye responsabilidad penal al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por aquellas primarias, pero sí conecta el nacimiento de la red con el proceso interno que le devolvió el mando del PSOE. El caso mascarillas deja así de ser sólo una causa sobre contratos públicos en la pandemia y pasa a retratar el recorrido de una estructura de poder nacida en el partido, elevada al Gobierno y utilizada después para lucrarse desde la Administración.