El exministro de Transportes José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado mientras avanza en el Tribunal Supremo la investigación del caso Koldo, donde aparece imputado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Si nada cambia en el último momento, fuentes jurídicas citadas por El Mundo adelantan que su juicio se celebrará en el primer trimestre de 2026.

La estrategia del ex secretario de Organización del PSOE resulta evidente: al no renunciar al acta, asegura que la competencia recaiga en la Sala Segunda del Supremo, gracias a su condición de aforado. Ese movimiento provoca que la macrocausa de corrupción permanezca en manos del Alto Tribunal, lejos de la Audiencia Nacional, donde su defensa pretendía alargar los plazos.

La Sala de Apelaciones deliberó el pasado jueves, a puerta cerrada, sobre el recurso con el que Ábalos buscaba frenar el auto que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. El instructor, el magistrado Leopoldo Puente, ya dejó claro que piensa sentarlo en el banquillo por varios episodios: la compra de mascarillas durante la pandemia, los enchufes de amigas íntimas en empresas públicas, el alquiler de un chalé en La Línea de la Concepción o la estancia del exministro en un chalé vacacional en Marbella, entre otros hechos.

La Fiscalía Anticorrupción exige 24 años de cárcel. La pena mínima por los cinco delitos imputados supera los 12 años y medio.

Fuentes jurídicas consideran muy probable que la Sala Penal avale la instrucción del magistrado Puente. Ese aval abrirá la puerta al auto de apertura de juicio oral, que dejará a Ábalos sin posibilidad de maniobrar. La jurisprudencia del propio Supremo impide que un aforado renuncie al acta cuando se dicta dicha resolución. En cuestión de días, su opción de trasladar la causa a la Audiencia Nacional desaparecerá.

Una vez confirmado el procesamiento, el Reglamento del Congreso obligará a suspenderlo como diputado del Grupo Mixto. El artículo 21 establece que los parlamentarios quedan suspendidos cuando el auto de procesamiento es firme y existe una situación de prisión preventiva, como ocurre en este caso.

La causa avanza con prioridad: el caso Koldo es la única investigación con un preso preventivo en la Sala Penal del Supremo. Todo apunta a que Ábalos se sentará en el banquillo a comienzos de 2026.

La obstinación del ex ministro por retener el escaño genera una situación inédita: la última instancia jurisdiccional del país tendrá que juzgar a un parlamentario acusado de graves delitos vinculados al ejercicio de su cargo. El instructor Puente ya mostró su “estupor” ante la decisión de Ábalos de atar su futuro judicial al escaño. En un auto, el magistrado apuntó que resulta llamativo que alguien con indicios tan consistentes de posibles delitos permanezca en el Congreso mientras se juzga su conducta.

Desde la cárcel madrileña de Soto del Real, Ábalos continúa proclamando su inocencia. Su abogado, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, insinuó en su recurso que el Supremo lo mantiene en prisión para presionarle y forzar una declaración similar a la del imputado Víctor de Aldama tras su paso por prisión.