El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde la semana pasada a la espera de juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario, afronta este jueves la posibilidad de perder su nómina como diputado, según lo que decida hoy la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal analiza el recurso de la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE contra el auto de procesamiento dictado el pasado 3 de noviembre, que lo sitúa —junto a Koldo García— como miembro de una organización criminal implicada en delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias.
Si la Sala confirma el procesamiento y lo convierte en firme, el Congreso de los Diputados, tal como adelantó Abc, activará el mecanismo que suspende tanto el cobro del salario como el derecho a voto del parlamentario.
Ábalos, integrado en el Grupo Mixto desde la suspensión cautelar de militancia en el PSOE tras la apertura de la investigación en el Supremo, percibe un sueldo bruto mensual de 5.315,24 euros. Se divide en 3.236,32 euros de salario base y 2.078,92 euros por dietas y ayudas al residir fuera de Madrid. En febrero de 2024, al quedar fuera del grupo socialista, dejó de recibir los 1.598,13 euros asociados a la presidencia de la Comisión de Interior y a los gastos de representación.
El artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece que un parlamentario queda suspendido de derechos y deberes cuando, tras un auto de procesamiento firme y la concesión del suplicatorio, se encuentra en prisión preventiva. Esta es la situación en la que se halla el exministro.
El jueves pasado, tras conocerse la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar a Ábalos y a su mano derecha a prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga, la presidenta del Congreso remitió al Supremo el oficio que inicia los trámites formales. Una eventual confirmación del procesamiento implicaría la pérdida inmediata del salario y de las dietas.
El juez que ha investigado la causa —y que ordenó su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real— ya subrayó el “estupor social” que genera que un diputado mantenga su escaño mientras afronta acusaciones tan graves. Aunque pierda sueldo y voto, Ábalos conservará su acta mientras no renuncie o no exista sentencia firme.
La Fiscalía Anticorrupción, que ya presentó su escrito de acusación, reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Considera acreditado que el exministro utilizó su posición para maniobrar junto a su asesor en la concesión de contratos por 53 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, para quien se solicitan siete años de prisión.
Según el fiscal, Aldama habría entregado dinero en efectivo y facilitado al exministro una vivienda vacacional en Cádiz, además de un piso en la plaza de España en Madrid para su amante, Jésica Rodríguez. Esta última fue contratada en dos entidades públicas dependientes de Transportes, Ineco y Tragsa, por cuyas retribuciones —30.000 y 9.500 euros— Anticorrupción solicita indemnización.
El escrito relata cómo, desde que Ábalos, Aldama y Koldo se conocieron tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, identificaron la posibilidad de formar un triángulo beneficioso. Anticorrupción describe reuniones, viajes —entre ellos uno a México en febrero de 2019— y contactos con políticos venezolanos que, según el fiscal, habrían favorecido ese entramado. La acusación sostiene que los tres acordaron que Ábalos, aprovechando sus cargos en el Gobierno y el partido, podría facilitar adjudicaciones públicas a cambio de beneficios económicos compartidos.
Tras recibir el escrito de acusación, el juez instructor citó a Ábalos y a Koldo en el Supremo y ordenó su ingreso en prisión.
